LAS palabras de aliento a los perjudicados pronunciadas ayer por la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega reflejan perfectamente la magnitud que el escándalo de Fórum Filatélico y Afinsa está cobrando. Aseguró que el Gobierno «va a ser sensible» a la posibilidad de adoptar medidas para aquellas economías más precarias que se resientan en el transcurso del tiempo que se prolongue el proceso judicial. Es evidente que el Ejecutivo socialista se encuentra sometido a una enorme presión que irá en aumento según se desvanezcan las esperanzas de recuperación del dinero comprometido por casi 400.000 españoles. Pero siendo realistas, el Estado tiene por el momento poco que ofrecer a los afectados, a parte de las ayudas materiales en la defensa procesal y cierta cobertura de apoyo a través de la colaboración de las esferas administrativas, lo que ya ha abierto un interesante debate sobre los límites y las responsabilidades del Estado.

La oferta de las sociedades intervenidas era, desde luego, tremendamente atractiva, puesto que estas empresas ofrecían rentabilidades elevadas y seguridad absoluta; algo imposible de conciliar. Rentabilidad superior a la normal comporta riesgo; calcularlo y evaluar sus probabilidades son obligaciones que nadie puede obviar a la hora de determinar el destino de sus inversiones. Y la cruda realidad, ahora, es que aunque las querellas presentadas por los fiscales no sean conclusiones judiciales inapelables, aportan luz sobre las enormes dimensiones del problema. Los gestores de las empresas concernidas insisten en proclamar la existencia de los activos -sellos- que sustentan la garantía que han ofrecido a sus inversores. Pero, aún si es cierto, la inexistencia de un mercado organizado y regulado por autoridades competentes arroja demasiadas dudas sobre la posibilidad de recuperar una parte sustancial de los capitales comprometidos.

Que la actividad que desarrollaban ambas sociedades estaba insuficientemente regulada, es obvio, como lo es que el anuncio del Gobierno de futuras actuaciones en la materia no servirá para calmar los ánimos de quienes pueden haber perdido los ahorros. Ahora bien, siendo cierto que el Estado debe tener en cuenta que traspasar ciertas fronteras incurriría en situaciones de manifiesta injusticia comparativa -en este país hay y ha habido estafas y robos en cantidades apreciables que no han tenido la cobertura del Estado-, no lo es menos que el hecho de que el fraude se haya producido a lo largo de más de un cuarto de siglo permite intuir que las autoridades no han estado acertadas. Esta posibilidad, la de la responsabilidad patrimonial, es la que en sucesos anteriores -en los procesos contencioso administrativos posteriores al enjuiciamiento penal de los responsables- ha permitido resarcir a los damnificados de la insolvencia de los condenados o de la negligencia del Estado en el cumplimiento de sus atribuciones. Pero eso llevará su propio tiempo.

Experimento fracasado

La expulsión de ERC del Gobierno de la Generalitat consuma objetivamente el fracaso de un experimento que se prometía arduo: el intento de incluir a una fuerza radical y antisistema en un delicado proyecto de reforma institucional como es el del Estatuto de Autonomía. Con la salida, Maragall quedó en una posición extremadamente debilitada y ha tenido que ser CiU quien demostrase a los convergentes más sentido de Estado que el propio líder de los socialistas catalanes, aunque sin duda existan elementos de oportunismo político en el comportamiento de Artur Mas. La marcha de ERC de la Generalitat, que es también una expresa autoexclusión, constituye en cualquier caso una buena noticia porque conjura la marginalidad de una fuerza independentista que no acata el terreno de juego que la Constitución demarca y que aún se organiza mediante sistemas asamblearios y utiliza un lenguaje provocador para todo lo que no sea de su ámbito político y cultural.

Llegados a este punto, el interés de las dos fuerzas mayoritarias catalanas y del Gobierno socialista central coincide en lograr un buen resultado en el referéndum el 18 de junio. Es cierto que, después de la ruptura del Govern, la campaña se radicalizará y en la consulta se votarán también 'otras cosas'; sin embargo, el 'sí' no debería estar amenazado, toda vez que PP y ERC apenas si representan el 28% del electorado. El peligro más real es sin duda la abstención, ya que cabe imaginar que una parte muy relevante de la sociedad catalana debe estar a estas horas muy irritada con una clase política que ha consumido más de dos años en querellas y lucubraciones estériles y que finalmente ha dado a luz un Estatuto sin consenso. Si la abstención rebasara ciertos límites, a pocos les queda la duda de que la situación se volvería en fracaso para todos los impulsores del Estatuto, en Madrid y en Cataluña.