Han sido 25 años de espera y lucha con la enfermedad, 686 palentinos intoxicados, más de setecientas muertes en todo el país (de ellas, 157 en Palencia) y unas indemnizaciones que en la provincia han superado hasta el momento los 69 millones de euros. El drama de los afectados por el aceite adulterado que desembocó en el fraude de la colza es aún mayor que las cifras y las marcas de aniversario en los calendarios. Muchos continúan hoy arrastrando los síntomas de la enfermedad y el desasosiego de unas ayudas que no cubren todas sus necesidades.

Desde la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico de la Seguridad Social se recuerda que aún hay pagos pendientes, ya que 113 de los 686 palentinos afectados no han cobrado todavía unas indemnizaciones procedentes de un fallo judicial de 1996, muy discutido entonces y de una lenta aplicación -los primeros expedientes no se comenzaron a ejecutar hasta 1999, a un ritmo de 300 cada año-. La cifra exacta de las indemnizaciones percibidas hasta la fecha por los palentinos afectados por el síndrome asciende a 69.044.310 euros, con una cuantía media de 120.500 euros.

Además de no dar por cerrado el cobro de indemnizaciones, las víctimas palentinas no quieren que todo termine en una cantidad económica ingresada en la cuenta de los afectados. «Reclamamos una atención sanitaria especial. Hay gente que se tiene que operar y en Palencia no lo puede hacer, no por falta de medios, sino por dejadez de la sanidad pública, no como en el País Vasco, donde sí que lo hacen. Pedimos la misma atención sanitaria», comenta el presidente de la Asociación de Afectados del Síndrome Tóxico de Palencia, Emilio Baranda, quien, sin embargo, se desmarca de las reivindicaciones de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Afectados, que ha pedido que los afectados por el síndrome tengan la misma equiparación administrativa que las víctimas del terrorismo. «Nosotros no politizamos, no ha sido un acto terrorista, sino criminal. Solo queremos cobrar las indemnizaciones y que las medicinas sigan llegando, porque hay palentinos que cuando salen fuera de la provincia tienen que pagarlas», afirma Baranda.

Fueron 686 los afectados en un principio por la colza en Palencia, cifra que la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico de la Seguridad Social rebaja hasta los 451 en la actualidad. Por zonas, los municipios de Fuentes de Nava y Frómista fueron los que más sufrieron las consecuencias del aceite adulterado, y junto a ellos, también los pueblos de Saldaña, Guardo y Barruelo padecieron con virulencia el efecto nocivo de la colza. Muchos de los afectados se vieron obligados entonces a dejar de trabajar, según apunta el presidente de la Asociación de Afectados del Síndrome Tóxico de Palencia, quien estima en un 30% el porcentaje de afectados por el síndrome que lleva 25 años sin cotizar.

En relación con las ayudas que reciben los afectados por la colza de manera independiente a las indemnizaciones, Baranda no pone peros. «Se están dando bien», afirma, al tiempo que especifica los dos tipos que se conceden: las ayudas domiciliarias -en razón del grado de afectación y de los ingresos-, que están percibiendo 17 personas en la actualidad, y las ayudas económicas familiares complementarias -en función del número de afectados en la unidad familiar y de los ingresos de esa unidad-, que reciben 60 personas en Palencia.

El coste económico del pago de esas ayudas asciende a 30.000 euros mensuales, a los que hay que sumar otros 12.400 euros anuales que la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico de la Seguridad Social destina para gastos de farmacia de los enfermos -tienen derecho a algunos medicamentos que no entran en la Seguridad Social-. Y es que durante los últimos años, comentan los afectados, se han multiplicado los casos de diabetes, los problemas pulmonares, de hígado o de articulaciones, a los que hay que añadir los dolores de cabeza y la pérdida de dentadura y oído.

Después de 25 años, con el juicio celebrado y las indemnizaciones casi resueltas, los afectados por el síndrome tóxico reclaman la atención de la administración. «Necesitamos más asistencia médica especializada», indican.