La reforma laboral acordada por el Gobierno y los agentes sociales permitirá convertir en fijos a entre 500.000 y un millón de trabajadores temporales y tendrá un coste inicial de unos 2.600 millones de euros en bonificaciones. La reforma acordada el jueves por el Gobierno y los agentes sociales (CC. OO., UGT y la patronal CEOE-Cepyme) servirá para que entre 500.000 y un millón de trabajadores temporales que encadenan contratos sucesivos durante al menos dos años pasen a ser fijos, según avanzó ayer el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez.

Según el texto pactado, y que se firmará oficialmente el próximo 9 de mayo, un trabajador que esté contratado en una empresa por más de 24 meses, en un período máximo de 30, pasará a ser indefinido. Con esta medida se pretende acabar con una práctica que rechaza la sociedad y que ha sido acogida con «buen espíritu de entendimiento» por los agentes sociales, según Gómez.

También se bonifican las contrataciones indefinidas con cuantías anuales que van desde 500 euros a 3.200, y con una duración de entre cuatro años y toda la vigencia del contrato.

Por ejemplo, las conversiones en indefinidos de contratos formativos, de relevo y sustitución por jubilación recibirán incentivos de 500 euros -por espacio de cuatro años-, mientras que ascenderán a 3.200 euros (durante todo el contrato) las fijezas de personas con discapacidad severa.

Asimismo, se bonificarán las de mayores de 45 años (1.200 euros al año durante todo el contrato) o las de mujeres que hayan estado cinco años inactivas y que hubieran trabajado, al menos, tres años anteriormente o que sean contratadas en los 24 meses siguientes al parto (1.200 euros, durante cuatro años, en ambos casos).

Según el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, el coste de las bonificaciones ronda en torno a los 2.600 millones de euros. A esta cifra habrá que sumar el coste que tendrá el Plan Extraordinario de choque para la reducción de la temporalidad, que permitirá, hasta el 31 de diciembre del 2006, que los empresarios hagan indefinidos a sus temporales con el contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización por despido es de 33 días frente a los 45 de un fijo ordinario. Estas conversiones tendrán una bonificación de 800 euros anuales, durante tres años. La reforma también servirá para rebajar las cotizaciones al desempleo de los contratos indefinidos y las que pagan las empresas al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Todos eventuales

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, calificó la reforma de estímulo «clarísimo» para la creación de empleo; mientras que el secretario de Estado de Economía, David Vegara, consideró que sirve para abordar el gran problema de la temporalidad.

No opinó lo mismo el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, quien la ve como un «tímido paso», por lo que espera que sea complementada con más medidas relativas a la contratación indefinida, la subcontratación y contra la siniestralidad laboral.

La reforma también es «tímida» e «insuficiente» para el portavoz parlamentario de Trabajo de CiU, Carles Campuzano, quien, sin embargo, cree que va en la dirección adecuada.

Desde los sindicatos, la Confederación General del Trabajo (CGT) rechaza la reforma porque consolida el modelo «flexible y precario» de las relaciones laborales, y ELA (el mayoritario vasco) cree que es «un paso más para convertir en eventual todo el empleo».El hecho de que, a partir del 1 de julio el trabajador que lleven dos años, en un periodo de 30 meses, con más de un contrato temporal para desarrollar una misma actividad dentro de una empresa, pase a ser automáticamente un empleado indefinido fue criticado duramente por la Federación Nacional de Autónomos, conocida bajo las siglas ATA. La medida está incluida en la nueva reforma laboral. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, recriminó a la CEOE y a Cepyme la adopción de esa serie de cambios, que «introducen mayor rigidez en el mercado de trabajo» y «perjudican a más del 90% del tejido empresarial del país, sostenido por microsociedades y pequeñas y medianas compañías».

Los autónomos sobrepasan los tres millones de afiliados a la Seguridad Social y generan cerca del 20% del PIB. ATA es su asociación más representativa. Los cambios suscritos afectan a los trabajadores por cuenta propia en el capítulo de subvenciones. Todo autónomo que contrate de manera fija recibirá las mismas ayudas económicas (entre 800 y 1.200 euros, con 3.000 y 3.200 para los discapacitados) que cualquier otra empresa. Lorenzo Amor insistió que no ve ningún beneficio en este sentido. Recordó que el colectivo al que representa ya recibe subvenciones por la transformación de colocaciones temporales en indefinidas y por las comunidades que premian el esfuerzo de los autónomos.