LA Comisión Europea está pendiente de resolver las muchas restricciones de competencia que padecen los mercados comunitarios de bienes y servicios, especialmente en el sector de la electricidad y carburantes. Si Bruselas promoviera su liberalización aumentaría la competencia con sensibles mejoras de precios y calidad de servicio. Sin embargo, posponiendo el remedio de lo que mal funciona y es de su incumbencia, la Comisión anuncia intromisiones en el ejercicio de profesiones que funcionan de modo satisfactorio.

En el caso de España, la Constitución reserva al Estado dictar las leyes de bases de la sanidad y la legislación del medicamento. Con este fundamento los sucesivos Gobiernos desde 1978 han diseñado un 'modelo mediterráneo' de farmacia, coincidente con el patrón de la salud de los Estados del área y extendido a otros países. Será por algo. Sorprende que la Comisión lo esté poniendo en solfa en un proceso de infracción abierto al Gobierno de Italia.

En una economía liberalizada los precios y condiciones de bienes y servicios resultan de la oferta y demanda de productores y consumidores. La autoridad debe ser neutral salvo que haya riesgo para la seguridad del ciudadano. Incluso quienes defendemos el 'Estado mínimo' -de atribuciones limitadas y escaso tamaño- aceptamos por excepción la intervención estatal en justicia, orden público y Fuerzas Armadas, así como en la sanidad que comprende medicina, farmacia y Seguridad Social.

La oficina de farmacia está, por ello, reglamentada con detalle. En el 'modelo mediterráneo' es un «servicio de interés público» legislado tanto en las condiciones de acceso y establecimiento como en las obligaciones de ejercicio. Es, además 'privado', es decir prestado por el propietario de la farmacia, persona física y no sociedad a fin de acentuar la responsabilidad individual sobre el servicio que presta. Una sociedad de capital daría prioridad, como es lógico, al lucro y tendería a integrarse en la fabricación de fármacos que es la 'crema'. Para evitar el conflicto de intereses las normas protegen la imparcialidad en la dispensación de medicamentos con severas incompatibilidades entre farmacia y fabricación.

Pinchan en hueso quienes pretenden liberalizar este servicio partiendo de la idea de que es un mercado y los farmacéuticos unos comerciantes. Olvidan que no hay libre juego de oferta y demanda. La demanda de fármacos es rígida, ajustada a necesidades sanitarias. Estas, en el 'modelo mediterráneo', se planifican por las administraciones públicas que fijan el número mínimo y ubicación de las oficinas según habitantes y densidad o dispersión de los núcleos de población. España es el tercer país de Europa con más farmacias -20.350- y también el tercero en número de farmacias por habitante.

¿Cabe hablar de mercado y de libre oferta cuando esta se ciñe a una lista de medicamentos de eficacia contrastada oficialmente, cuyos precios no son negociables, sino fijados por el poder público? El farmacéutico no vende, sino que 'dispensa' asesorando, sin cargo, sobre uso y beneficios del fármaco. En España una de cada cuatro personas recibe consejo en la farmacia sin adquirir medicinas. Se calculan en 164 millones las consultas anuales lo que ahorra a la sanidad un 30% de visitas médicas primarias.

Cierto que el 'modelo mediterráneo' implica restricciones a la libre competencia como las citadas de acceso el ejercicio de la farmacia o la falta de competencia en precios pero, al estar legalmente establecidas por el Estado, están exentas de la 'lupa' y enjuiciamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia. La exención está prevista en el artículo 2.2. de la ley antimonopolio 18/1989 y no es aplicable a los mayoristas ni a los fabricantes de fármacos y de parafarmacia. En el caso 'cosméticos en farmacia' el tribunal impuso severas multas a los laboratorios por fijar los precios de reventa al público y limitar la distribución a las farmacias.

Las cooperativas farmacéuticas de distribución mayorista favorecen, con claras sinergias, el ejercicio del citado 'modelo mediterráneo'. Entre otras ventajas facilitan el abastecimiento a las farmacias rurales o dispersas, de los dos o tres envases de su pedido/tipo, y en cualquier lugar, alejado de rutas habituales. ¿Interesará abastecerlas al distribuidor directo que sea al mismo tiempo fabricante? ¿No dará prioridad a las que le originen menores costes y mayores ventas?

No pocas cooperativas, manteniendo su independencia jurídica, se asocian a centrales de compra. Según declaró el Tribunal de la Competencia su creación es lícita y «se justifica para fortalecer la competencia frente al poder de los proveedores logrando economías de escala». Los acuerdos de compra en común son válidos si no contienen cláusulas anticompetitivas y las empresas que se asocian no tienen poder de mercado.

Un modelo de cooperativa del sector farmacia radicada en Castilla y León es Zacofarva. Su asociación a centrales de compra y su actividad gerencial pueden ser pautas a seguir por cooperativas de otros sectores. Me remito a lo comentado estas columnas el pasado 12 de abril sobre 'Desarrollo y cooperativas'. Añado un toque de atención. Hay serios nubarrones sobre la farmacia impulsados por vientos de Bruselas. Y es que tiene muchos adversarios o más bien poderes económicos que se llaman a la parte.