El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, dijo ayer que, en su respuesta a las demandas de la Comisión Europea para que explique la ampliación de las competencias de la CNE, el Gobierno «intentará hacerlo lo mejor posible». España tiene un plazo de dos meses para responder a la carta de emplazamiento -el primer paso en un procedimiento de infracción- que el miércoles le envió Bruselas por considerar que la ampliación de las competencias de la CNE vulnera el principio de libre circulación de capitales.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la reunión del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la zona euro), Solbes señaló que, en este asunto, «lo que tenemos es un debate sobre la interpretación jurídica de una norma». En virtud de la citada modificación legislativa, aprobada tras conocerse la opa de la alemana E.ON sobre Endesa, el organismo regulador del mercado energético español tendrá que pronunciarse sobre esa operación que, por sus dimensiones, es competencia exclusiva de la Comisión Europea, que ya la ha autorizado.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el español Joaquín Almunia, se mostró esperanzado de que la respuesta de Madrid a la carta de emplazamiento remitida por Bruselas permitirá evitar que el procedimiento de infracción siga adelante.

Trabajo por hacer

Por su parte, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, dijo ayer que, con la apertura de un procedimiento de infracción a España por el decreto-ley que amplía las competencias de la CNE, el Ejecutivo comunitario ha hecho «su trabajo» y ahora «el Gobierno español debe hacer el suyo». A la pregunta de qué espera de Madrid, el comisario contestó que «su respuesta» y precisó que no sabe sobre qué argumentos sustentará España las citadas modificaciones legales.

Sobre las declaraciones del ministro de Industria, José Montilla, que calificó la decisión de Bruselas de «previsible» y la carta de emplazamiento de «una más», McCreevy señaló que el Gobierno español estaba al tanto de la intención de la Comisión de adoptar medidas por esta cuestión y agregó que este procedimiento se une a los más de 2.000 que ha abierto Bruselas en los últimos años.