El pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León, un órgano asesor de la comunidad educativa que estará integrado por 24 miembros titulares y 24 suplentes en representación de las administraciones públicas, sindicatos de trabajadores de la enseñanza, asociaciones de padres y de estudiantes, centros privados, expertos y representantes de medios de comunicación, se constituyó ayer en Valladolid bajo la presidencia del Consejero de Educación Francisco Javier Álvarez Guisasola.

Todos ellos trabajarán para identificar las causas de aquellas conductas que alteren la normal convivencia en las aulas y propondrán a las autoridades educativas actuaciones para prevenirlas y ayudar a solucionar estos conflictos. Un problema que «no es preocupante cuantitativamente, pero sí desde el punto de vista cualitativo y de la naturaleza del mismo», señaló Guisasola.

Según un informe elaborado con los datos facilitados por 1.015 de los 1.117 centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Escuelas de Arte de la comunidad, el primero de este tipo que se realiza en Castilla y León y dado a conocer ayer, durante el primer trimestre de este curso escolar se registraron 11.892 incidencias -acciones de los alumnos que requieren medidas correctoras porque suponen una transgresión de las normas de convivencia del centro, bien por su frecuencia (reiteración) o por su gravedad-, en las que se vieron implicados 5.637 alumnos, algo menos del 2% del total, con una tasa media de 2,11 incidencias por cada uno.

El informe señala que el 51,33% de los centros docentes reseña alguna incidencia, «aunque existe la percepción de que la convivencia, en general, es buena».

22 casos de 'bullying'

La mayor parte de las incidencias, 7.413, afectaron a las relaciones profesor-alumno (62,34%), y 3.362 a las relaciones entre alumnos (28,06%). De estas, los casos más graves de maltrato físico o psicológico o 'bullying' fueron 22 (el 0,65% de las incidencias entre iguales). La mayoría (90,72%) fueron conflictos de menor gravedad, y el 8,63% restante fueron casos de intimidación entre iguales.

Las 1.117 incidencias restantes (9,40%) se refieren a destrozo de materiales, daños en los edificios, robos y otras causas.

En 62 casos intervino la policía y en 43 la fiscalía y/o la judicatura. En 64 fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios, y en 207 de los servicios sociales.

Los centros adoptaron 14.752 medidas correctoras (1,24 por cada incidencia y 2,62 por cada alumno implicado) y fueron corregidas 11.785 incidencias (99,1%), aunque no especifica qué tipo de medidas se tomaron.

El informe también señala que 990 centros (97,53%), tanto públicos como privados, tienen elaborado su propio plan de convivencia para adoptar medidas de prevención e intervención, y 987 (97,24%) cuentan con una comisión interna de convivencia en la que participa la comunidad educativa.

Guisasola señaló que «muchas veces los casos de acoso se producen una vez que los alumnos están fuera del colegio», y que 22 casos de 'bullying' «son muchos», y en todos ellos «se ha actuado de manera coherente intentando buscar las mejores soluciones».

Dos veces al año

El pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar se reunirá al menos dos veces al año con carácter ordinario, y tendrá el apoyo de una comisión técnica, presidida por el director general de Coordinación, Inspección y Programas educativos de la Consejería, Fernando Sánchez-Pascuala.

Entre otras actuaciones, se encargará de realizar estudios trimestrales y recoger datos para conocer mejor el problema, impulsar planes de formación para la comunidad educativa sobre la mejora de la convivencia escolar, elevar propuestas a la administración, revisar el sistema de indicadores que permite conocer y medir la evolución de la convivencia escolar, y definir aquellos centros docentes que por su especial conflictividad deban ser objeto de planes integrales de actuación.

Guisasola también anunció la creación en los centros educativos de la figura del 'profesor coordinador de la convivencia' y la del 'alumno intermediario en los conflictos', al tiempo que solicitó a la nueva ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que convoque la Conferencia Sectorial para que explique a las comunidades autónomas el contenido del Plan nacional de Convivencia Escolar que el ministerio ha firmado con los sindicatos.