El fiscal Anticorrupción de Marbella, Juan Carlos López Caballero, afirma en su primera entrevista tras las operaciones 'Ballena Blanca' y 'Malaya' que los indicios de soborno en la trama de corrupción institucional en la ciudad malagueña son muy claros. En relación con el primero de ellos, subraya que el cerebro de la trama montó centenares de sociedades con personas de «paja» para no desvelar el nombre de los verdaderos propietarios, algunos de los cuales están vinculados con actividades delictivas graves cometidas sobre todo en el extranjero, aunque también en España. De gran importancia ha sido, dice, la colaboración internacional.

-¿Cree que se ha esperado demasiado para detener un fenómeno como el de Marbella, que desde hace años está en boca de todo el mundo? ¿Se ha mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo?

-Es verdad que existe y existía la percepción de que en Marbella había una situación anómala, incluso de una cierta inoperancia, pero la Fiscalía tiene otra visión diferente a la de la ciudadanía. Nuestros tiempos no coinciden con la agilidad y celeridad que la gente nos reclama porque tenemos un volumen de procedimientos penales muy importantes contra la corrupción institucional. En estos momentos tenemos más de un centenar de causas abiertas en Málaga y otros sumarios muy importantes que se siguen en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción.

-¿Para cuándo prevé que termine la instrucción del caso 'Ballena Blanca'?

-El secreto de las diligencias del caso 'Ballena Blanca' está ya levantado en un 95%. La investigación ha resultado compleja debido al importante entramado societario creado no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. Yo calculo que antes del verano se podrá alzar totalmente el secreto de las actuaciones. Naturalmente, esto no supone que haya una equivalencia entre el levantamiento del secreto y la instrucción, pero sí podemos decir que está muy avanzado.

-Aunque no haya habido tiros ni asesinatos, ¿se puede hablar de mafia en Marbella y en otras localidades de la Costa del Sol visto que el crimen organizado ha llegado a controlar algunas instituciones?

-El fenómeno de las organizaciones criminales en la Costa del Sol, y también en otros lugares de la geografía española, no es nuevo, sino que viene de antiguo. Aquí existen clanes dedicados al blanqueo de dinero, al tráfico de droga y armas, explotación de mujeres y pornografía infantil, falsificación de documentos, robo de vehículos de lujo y viviendas. Tenemos constancia acreditada de que existen organizaciones criminales en la Costa del Sol, donde se han llegado a producir desde un secuestro de una menor en

Estepona -el caso Melodie Nakachian- hasta la comisión de diversos delitos y ajustes de cuentas entre bandas rivales. No tenemos que alarmarnos ni sacar las cosas de su contexto, pero sí ser conscientes de que Málaga es una vía de introducción de grandes cantidades de droga y para llevar a cabo estas actuaciones delictivas se necesita una estructura mínima y el asentamiento de bandas criminales.

Flujo de dinero

-¿Aparece algún tipo de relación entre responsables políticos y grupos de delincuencia organizada, aunque sea en su versión de lavado de dinero? ¿Hay países o nacionalidades concretas?

-El problema no es la relación en el plano económico que se pueda producir entre un determinado grupo de delincuentes y sectores políticos, sino que se pongan de acuerdo para cometer o tapar un delito. Hay inversiones ilegales en la geografía española, y lo importante es determinar o acreditar que ese flujo de dinero está orientado al cohecho.

-¿Está la Fiscalía Anticorrupción lo suficientemente dotada para combatir y detectar fenómenos como el de Marbella?

-Estamos en una situación transitoria y por lo tanto tenemos que ser realistas y no pretender reformas y arreglos en la actual sede, pero al mismo tiempo tenemos una gran confianza en la Ciudad de la Justicia, que se está terminando y que va a estar bien dotada y satisfará nuestras necesidades. En materia de recursos humanos, contamos con un grupo de investigadores, aunque lo ideal sería parecernos a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, que es mucho más operativa que la nuestra.

-¿Lo ocurrido en Marbella puede servir de vacuna contra la aparición de otros fenómenos similares?

-La decisión que se tomado de intervenir en el Ayuntamiento de Marbella es importante porque ataja de raíz la corrupción institucional. Durante los últimos años, el Consistorio marbellí ha venido cometiendo numerosos delitos y si la Justicia no ha intervenido antes ha sido porque desde el punto de vista legal no ha tenido las herramientas necesarias ni ha contado con las medidas suficientes. Las penas previstas para los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos de funcionarios y políticos no permiten adoptar medidas como la prisión preventiva o utilizar medios de investigación más eficaces como la interceptación de las comunicaciones.

Quizás haya que replantearse el catálogo de penas para los delitos en esta materia.

-En la operación 'Malaya', el juez del caso sí ha tenido las herramientas necesarias para «tirar de la manta» y ordenar el ingreso en prisión de los implicados...

-Aquí había indicios muy claros de soborno, que comportan penas de cárcel. Pero la prevaricación lleva solo a la inhabilitación. Es muy difícil, salvo que el caso lo requiera, que en el curso de una investigación por prevaricación un juez autorice la restricción de un derecho fundamental como es la intimidad personal y ordene intervenir la comunicación telefónica.

Actuaciones secretas

-¿Continúa abierta o se ha cerrado ya la primera fase de la trama de corrupción inmobiliaria e institucional de Marbella?

-No podemos hablar de primera o segunda fase, ya que es una medida continua. Hay aspectos que están muy avanzados y otros que hay que consolidar. Por tanto, la operación sigue abierta y las actuaciones, secretas.

-¿Qué se puede hacer en las zonas de España que son más problemáticas en la regulación urbanística?

-La mejor solución es el cumplimiento de la ley, pero habría que insistir en reforzar los mecanismos de respuesta jurisdiccional. En materia de urbanismo, los ámbitos de decisión de la administración solo pueden ser corregidos mediante la actuación de los tribunales.

-La Junta de Andalucía ha apostado por demoler el complejo por cuya edificación ha sido condenado el ex alcalde Julián Muñoz. ¿Cómo se puede restituir la realidad física alterada?

-La Fiscalía no pidió en el caso 'Banana Beach' la demolición de lo construido. A Muñoz se le condenó por prevaricación y la sentencia reconoce que la licencia fue ilegal y contraria a derecho. La restauración del orden jurídico perturbado debe articularse a través de una decisión de la autoridad administrativa. Antes de demoler hay que indemnizar a la persona que, cierto día y de buena fe, compró una vivienda o un aparcamiento. Hasta ahora, nosotros no hemos solicitado la demolición porque entendemos que, de acuerdo con la norma penal que existe en estos momentos, no es posible.