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Lunes, 1 de mayo de 2006
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La nueva LOE
ESPAÑA está a la cola de Europa en cuanto a los indicadores en materia de la Sociedad de la Información Informatizada. Hace po-cas semanas, el Foro Económico Mundial publicaba que España ha caído dos posiciones, hasta el puesto número 31 (por detrás de Portugal y Chile) en la clasificación que mide el desarrollo tecnológico de 115 países. Estos datos contrastan claramente con el octavo lugar que ocupa la economía española en el mundo.

Castilla y León está a la cola de España en muchos de los indicadores referidos. Tres muestras, ocupa, sobre 19 comunidades (y ciudades) autónomas, los puestos decimoquinto en viviendas con acceso a Internet; decimosexto, en viviendas con banda ancha, y decimoséptimo, en viviendas con ordenador, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Hace algún tiempo, la Unión Europea llegó a la conclusión de que la inversión en tecnología era la plataforma sobre la que aumentar la productividad de sus Estados miembros. Además de crear diferentes partidas presupuestarias y programas a tal fin, incitó a los países que la forman a tomar medidas que promovieran el I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación). El objetivo estaba claro, disponer de tecnología avanzada que permitiera a la Unión, con costes productivos más altos, competir con países emergentes como China, la India o Brasil. De esta manera, se permitiría garantizar los niveles de protección social de sus trabajadores y, por lo tanto, mantener el Estado de bienestar que tan bien llevamos tener a gala. La idea parece buena, y por tanto no cabe otra cosa que aplaudirla, aunque haya llegado más bien tarde, ya que durante muchos años la Comunidad Económica Europea ha estado más preocupada en las políticas agrarias y del carbón que de la inversión en futuro, lo que ha generado un cierto retraso tecnológico con respecto a las otras dos grandes potencias mundiales, EE. UU. y Japón.

En España, los deberes van algo más retrasados, pero parece que los gobiernos han empezado a tomar conciencia del asunto, o al menos eso dicen. Nuestra inversión en I+D+i en general y en potenciar las TIC (Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones) ha crecido algo en los últimos tiempos. Sin embargo, ¿de qué nos vale esto si fallamos por abajo? En este caso, en materia de alfabetización digital.

Según la LOE (Ley Orgánica de Educación), recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, no se va a incluir la informática como asignatura obligatoria en la Educación Secundaria. De todos los países de la UE, solamente Italia ha optado por semejante decisión. ¿Cómo es posible que se gasten tan grandes cantidades de dinero en dar cursos de informática a nuestros mayores, en abrir telecentros, que se financie la compra de ordenadores y a la vez únicamente se considere la informática como materia optativa en la educación de nuestros hijos? ¿Creen ustedes que trabajar con ordenadores será algo optativo dentro de unos años? ¿Acaso, lo es hoy en muchos casos?

Nadie duda de que a día de hoy la sociedad demanda habilidades en el manejo de la informática, conocimientos sobre ofimática (procesadores de textos, hojas de cálculo ) y destreza en los servicios de Internet (web, correo electrónico ). ¿Por qué no considerar estar formación desde edades tempranas y de manera obligada? La informática necesita una inclusión seria en los estudios reglados. La alternativa que la ley nos ofrece es incluir algunos contenidos dentro de una asignatura de corte genérico, como Tecnología. Serán apenas unas pocas horas en un mar de conceptos que abarquen cualquier cosa que pueda considerarse tecnológica.

La realidad, que otros países sí han considerado, es que la informática es una materia suficientemente amplia, compleja e importante como para disponer de una asignatura específica. Los estudiantes necesitan obtener conocimientos en este campo para forjar la base de su futuro educativo y profesional.

La inclusión o no de la informática en la LOE no es una decisión intrascendente. Condicionará nuestro futuro y nuestro progreso y determinará el papel de España en el mundo. No importa que hagamos inversiones en I+D+i si cortamos las raíces. Debemos, porque es nuestra responsabilidad, formar a nuestros hijos para garantizarles un futuro, y la informática es, a día de hoy, un elemento de suma importancia.

En los años venideros se generalizará la administración electrónica, se multiplicaran los negocios digitales, aparecerán las aplicaciones interactivas para la televisión y los servicios de datos para teléfonos móviles. En menos de un quinquenio, se producirá el apagón de la factura en papel, tendremos la obligación de hacer la declaración de la renta por Internet, compraremos billetes de avión electrónicos y utilizaremos nuestro DNI como firma digital. Y no nos equivoquemos, todos aquellos que sean incapaces de hacerlo serán considerados los analfabetos del siglo XXI

El Parlamento de España ha cerrado la puerta a la informática, pero todavía puede haber solución. Ahora son las Cortes de Castilla y León a las que toca legislar y deben determinar los contenidos propios de la comunidad autónoma. Esperemos que ellos no se equivoquen y den a la informática la importancia que se merece.



Vocento