VARIAS encuestas sociológicas llevadas a cabo tanto a nivel nacional como europeo en estos últimos cinco años dan como resultado que una mayoría muy cualificada de los encuestados opina que las autoridades religiosas han de abstenerse de influir sobre las decisiones propias de los órganos del Estado. Esta opinión no debería causar sorpresa y menos aún escándalo en un católico que admita el magisterio del Concilio Vaticano II, el cual fue muy explícito a este respecto: la función de la Iglesia -dijo- no es la de intervenir directamente en los asuntos estrictamente políticos, sino la de convertir los corazones, formar a los ciudadanos y evangelizar la cultura a fin de que sea la sociedad misma la que asuma la tarea de promover una transformación social y marcar líneas para lograr el bien común dentro de una sana convivencia.

Sin embargo, tales intervenciones de la jerarquía católica no dejan de producirse continuamente en diversos países. Señalo algunos ejemplos. La jerarquía católica de Colombia promovió hace unos meses un congreso que bajo el lema 'Si quieres la paz busca la justicia' pretendía buscar el fin de un conflicto interno -la guerrilla- con asesinatos, secuestros, violaciones de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y destrucción de familias y comunidades. Pero lo peculiar de este congreso es su intento de buscar medios distintos del uso de las armas, lo que estaba en abierta confrontación con lo que el actual presidente de la República pretendía para acabar con la guerrilla. La Conferencia Episcopal de Zimbabwe denunció, hace algún tiempo, la brutalidad con que el presidente Mugabe había arrasado las míseras viviendas de la periferia de las principales ciudades del país, dejando sin techo a más de 300.000 personas. La Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo, a propósito de la dilación de las elecciones generales bajo el pretexto del Gobierno de que no existían las necesarias condiciones de seguridad, dijo: «Es preciso explicar al pueblo porqué no han sido organizadas las elecciones en el primer período señalado por la Constitución».

El cardenal arzobispo de Manila Jaime L. Sin, fallecido en junio de 2005, lideró en 1986 las protestas pacíficas del pueblo filipino que acabaron con el presidente Marcos; impulsó la candidatura de Cory Aquino; sus críticas provocaron la caída del presidente Estrada y apoyó la candidatura de la actual presidenta Gloria Macapagal.

¿Cómo juzgar tales hechos y otros semejantes? Ante todo, ha de quedar muy claro que la misión que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Así lo afirmó el Concilio Vaticano II, el cual, no obstante añadía: «Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes, predicar la fe con entera libertad, enseñar su doctrina sobre la sociedad y emitir su juicio moral, incluso sobre asuntos referentes al orden político, cuando así lo exijan los derechos fundamentales de la persona, utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio». El Estado, al ejercer la soberanía que el pueblo le encomienda, tiene ante sí fronteras infranqueables como son, entre otras, la justicia o los derechos humanos. Cuando esto no es respetado por los órganos del Estado, es ese mismo pueblo que le confió el ejercicio del poder, el llamado a reaccionar, bien por medio de sus organizaciones políticas, bien por la denuncia de los ciudadanos, organizados o no, como periodistas, pensadores, oprimidos, o por otras instituciones o comunidades entre las que se cuentan también las de carácter religioso. Según esto, es indiscutible que las instancias jerárquicas de la Iglesia no pueden inmiscuirse en lo que es meramente político, ni disputar el poder civil. Todo ello no cabe dentro de un Estado democrático moderno como tampoco dentro de una Iglesia purificada por el Concilio Vaticano II. Pero también es evidente que la Jerarquía goza de legitimidad dentro del ámbito del Estado, para defender, por medio de la palabra oral o escrita, a la persona en su dignidad y derechos según el proyecto de Jesucristo.