LA publicación de los últimos datos macroeconómicos de la coyuntura, que apuntan a un incremento del paro, de la inflación y del precio de las hipotecas, ha disparado las alarmas e introduce una reflexión que el Gobierno no debería dejar de atender. La actividad pública durante los dos años transcurridos desde las elecciones ha sido de gran densidad política, entre otras razones porque la marcha de la economía se mantiene desde hace una década en situación boyante, pero hoy aparecen indicios claros de que esta situación podría cambiar, por lo que parece lógico que la atención se centre en las cuestiones de crecimiento de la economía.

La evolución de la economía española, que casi duplica la media europea, se basa en el dinamismo del sector de la construcción -recalentado desde hace años- y en la solidez de la demanda interna, y avanza acompañado de una elevada inflación, con un diferencial constante de un punto y medio con relación al promedio comunitario, lo que merma extraordinariamente nuestra competitividad y ha disparado el déficit exterior hasta límites difícilmente soportables, que siguen aumentando. Así las cosas, la actual tendencia al alza de los tipos de interés, que encarece las hipotecas, podría enfriar súbitamente la demanda inmobiliaria, que se vería muy comprometida si aumentara significativamente el desempleo (y haría crecer también los fallidos en el sector hipotecario). La última EPA indica una subida del paro de cuatro décimas en el primer trimestre, pero también un gran incremento de la tasa de actividad que relativiza aquel mal dato; pero el riesgo de que cese la bonanza existe. Sin embargo, el Gobierno parece ocupado en el debate territorial y en las reformas políticas y sociales, en tanto que el plan de dinamización planteado por Economía se diluye en su propia inactividad. Son ya muchos los análisis que coinciden en que podríamos encontrarnos al borde de la recesión si no se actúa con contundencia para estimular la productividad y liberalizar los sectores que todavía están intervenidos. Aquello requiere grandes inversiones en I+D y en Educación, y esto, medidas de desregulación de mercados, normas de transparencia en la intermediación y la distribución, y actuaciones específicas de introducción de competencia en numerosos oligopolios de hecho que represan los precios y generan la inflación.

El hecho de que la política monetaria esté en manos del BCE no significa que al Gobierno no le incumba una política económica tendente a que el mercado y la competencia puedan desarrollarse sin trabas ni distorsiones. Se entiende mal que el departamento dirigido por Pedro Solbes, con su dilatada experiencia, no haya emprendido con la debida energía el camino adecuado.

Ayuda a la cooperación

Ocho años ha tardado en cumplirse una previsión de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 1998, hasta que el último Consejo de Ministros aprobó el Estatuto del Cooperante, que regula el régimen laboral, fiscal y asistencial de los españoles que trabajan en programas de ayuda o de acción humanitaria fuera de España. En síntesis, se trata de dotarles de un sistema de derechos y obligaciones semejante al de quienes residen en territorio nacional. Este paso resultaba imprescindible para la eficacia de unas labores desarrolladas muchas veces en condiciones sumamente delicadas o extremas.

El nuevo estatuto es de aplicación a quienes trabajan en ayuda al desarrollo como cooperantes remunerados, una situación diferente a los voluntarios que nutren esas oenegés de ayuda social, y que dedican parte de su tiempo de un modo altruista. A la vista de la reducida cantidad de cooperantes, 1.400, para los que se ha dictado esta norma, parecería que se sobredimensiona este colectivo, pero lo cierto es que representan un valor añadido por el papel que desempeñan en la presencia exterior española, lo que rubrica el hecho de que su financiación pública esté controlada por la Agencia de Cooperación Internacional.

Una vez que las oenegés cuentan con un marco regulado, deberían avanzar en una gestión más profesional. Algo falta o algo sobra cuando en España hay censadas 400 organizaciones y solo aportan 1.400 cooperantes. No cabe duda de que con la buena imagen pública de la que gozan y las demandas mundiales de programas de ayuda al desarrollo podría esperarse un crecimiento notable de este sector que, por otra parte, ofrece expectativas profesionales, además de humanitarias, a los más jóvenes.