LA decisión de la Ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya de propugnar el «voto nulo político» en el referéndum sobre el 'Estatut' previsto para el 18 de junio es el último despropósito de los ofrecidos por la coalición que gobierna la Generalitat tras las elecciones de noviembre del 2003. Que una formación parlamentaria abogue por el voto nulo en una consulta tan crucial como la que va a sancionar el marco de autogobierno para Cataluña, después de haber tenido todas las oportunidades de participar en la definición de la reforma estatutaria, constituye un comportamiento anómalo. Que ese partido sea socio del Gobierno comprometido con la citada reforma y que pretenda seguir siéndolo tras el escrutinio representa una incoherencia tan flagrante que no solo afecta a ERC, también atañe a los otros dos miembros del Ejecutivo de la Generalitat -PSC e ICV- y a su presidente Pasqual Maragall.

La Ejecutiva de ERC ha validado, además, «la diversidad de formas críticas» con las que los ciudadanos pueden mostrar su parecer ante las urnas: el voto no y el voto en blanco. De forma que Carod Rovira y Puigcercós estarían en condiciones de reivindicar para sí el mérito de toda la contestación que el proyecto presentado por el Parlament y tramitado en las Cortes recoja en las urnas. ¿Y por qué no los votos de quienes opten por abstenerse?

Pero si la decisión de ERC introduce un muy serio factor de crisis para la estabilidad institucional de la Generalitat, factor añadido a otros inexplicables episodios, amenaza sobre todo con depreciar al máximo el valor político y la legitimidad social del nuevo 'Estatut'. En el referéndum celebrado el 25 de octubre de 1979 sobre el vigente Estatuto de autonomía votó sí el 53% del censo catalán y hubo una abstención del 40%. El texto que se está debatiendo en estos momentos en el Senado corre el riesgo de entrar en vigor poco menos que en un clima de orfandad, puesto que será un milagro que obtenga el voto favorable de más de un 40% del censo. Una perspectiva indeseable en tanto que reabriría el debate sobre el engarce constitucional del autogobierno de Cataluña antes siquiera de comprobar en la práctica las ventajas y desventajas de la reforma. Y sumiría no solo a la sociedad catalana, sino también al conjunto de la española, en un desconcierto imposible de soslayar para la política. No es fácil alentar mejores augurios. Y si los expuestos se cumplen será porque las formaciones catalanas, hablando en nombre de los intereses de Cataluña, han puesto en práctica el más nefasto de los partidismos, acompañado además por el imprevisible personalismo del 'president' Maragall.



Coalición en Israel

El acuerdo alcanzado ayer entre los dos partidos más votados de Israel, Kadima, derecha liberal, y Laborista, centro-izquierda, asegura en principio la estabilidad del Gobierno tras las elecciones del 28 de marzo. En la coalición se incluyen el Partido de los Jubilados y los confesionales pragmáticos, sefardíes del Shas y askenazis de la Torá Unificada, que otorgarán una mayoría parlamentaria suficiente y permitirán al presidente Olmert acometer su programa de retirada de territorios ocupados en Cisjordania mientras refuerza los asentamientos judíos en otras zonas del territorio.

La multiplicidad de partidos y un electorado disperso, que tienen su paradigma en un Parlamento muy diverso y tribalizado, según sus críticos, condicionan desde hace muchos años la gobernabilidad en Israel. Eso explica las angustias en que viven a menudo los gobiernos, siempre cerca de una crisis en cuanto uno de los factores de la mayoría, solo aparentemente bien atada, se aleja de la disciplina pactada. Y de este peligro no está libre la presente coalición, aunque el acuerdo, en principio, debería dar satisfacción suficiente a todos sus socios: mejores pensiones a los jubilados, dinero al Shas para su red educativa y asistencial y siete ministerios (en realidad cinco y dos puestos sin cartera) a los laboristas, incluyendo Defensa, para su nuevo líder, Amir Peretz. Kadima se negó a perder Hacienda y mantiene Exteriores en la persona de Tzipi Livni.

El plan económico promete más atención a los desfavorecidos, en claro aumento, rigor económico y, lo que más importa, un programa de seguridad a base de retiradas de buena parte de los territorios ocupados hasta fijar unilateralmente en cuatro años lo que Olmert llama fronteras definitivas de Israel: con o sin negociación con los palestinos. Una política poco realista que Washington duda en respaldar y que a la vista del enroque del Gobierno palestino de Hamás no augura nada bueno a corto plazo.