LA manifestación de pilotos afiliados al sindicato Sepla en la nueva terminal T-4 de Barajas en demanda de más seguridad, descuidada a su juicio por el Ministerio de Fomento, ha sobresaltado a más de un usuario de las líneas aéreas. La exigencia de los pilotos es técnicamente tan inobjetable como lo es que tras su reclamación -con fuerte componente de presión psicológica- hay también otros descontentos profesionales contra unas compañías que han reestructurarse en un mercado cada vez más dinámico y competitivo.

Los tiempos de la proverbial estabilidad en que desarrollaban sus monopolios las antiguas compañías 'de bandera' forman ya parte de la historia; y una de las inquietudes serias que afectan hoy a los pilotos es la existencia de un desempleo altísimo en su profesión, que permite a las nuevas compañías, precisamente, nutrirse de profesionales -en muchos casos con muchísima menor experiencia o peor formación- con unos costes salariales considerablemente inferiores a la media. El imperativo de la seguridad se vuelve, bajo estas premisas, perfectamente reivindicable a la vista de que el sector se está cargando de cierta inestabilidad. Pero los cambios del negocio del transporte aéreo han incidido también sobre la naturaleza y la calidad de la demanda y el usuario exige hoy flexibilidad y, sobre todo, vuelos baratos. Esto explica que hayan desaparecido las atenciones gratuitas al pasajero a bordo del avión en la clase 'turista' y que Airbus haya diseñado incluso un sistema para llevar pasajeros reclinados en vez de sentados. Ahora bien, una cosa es que sea económicamente más complicado apostar por un servicio a bordo selecto y otra que el objetivo de una compañía pase a ser el llegar a toda costa a destino para evitar reclamaciones que afectarían a sus exiguos márgenes de ganancia.

Es evidente que esta búsqueda obsesiva de la productividad para mantener una rentabilidad podría redundar en perjuicio de la seguridad si el regulador aéreo, que debe seguir siendo el Estado y, a mayor nivel, las instituciones comunitarias e internacionales competentes, no adopta las precauciones y los controles adecuados. Y aquí sí deben escucharse a todas las voces -especialmente las de los profesionales del sector- que advierten sobre el peligro de caer en la tentación de reducir aún más los costes en detrimento de la seguridad aérea. Los controles deben ser permanentes y no estar sujetos al vaivén de las crónicas de sucesos: es humano que la preocupación crezca cuando se producen accidentes, e igualmente exigible que la inspección se lleve a cabo siempre mediante criterios objetivos rigurosos y de permanente aplicación.

2o años de Chernóbil

Se cumplieron ayer 20 años de la catástrofe de la central ucraniana de Chernóbil, el más grave accidente nuclear civil registrado desde la utilización pacífica de la energía de fisión del átomo. Algunos informes elaborados recientemente sobre aquel desastre arrojan conclusiones contradictorias. El pasado septiembre, dos agencias de la ONU publicaron un primer balance de Chernóbil, considerado muy a la baja, en el que se hablaba de 59 muertes confirmadas por radiación, 4.000 fallecimientos previstos, elevados después a 9.000, y en el que se limitaban los efectos de la catástrofe a las tres repúblicas ex soviéticas más directamente afectadas: Bielorrusia, Rusia y Ucrania. En el otro extremo, un documento confeccionado por los Verdes del Parlamento europeo, respaldado por sectores muy significativos de la comunidad científica, cifra los muertos entre 30.000 y 60.000 y extiende los efectos de la contaminación a un 40% del suelo de la Unión Europea.

Seguramente, la realidad está en un punto intermedio. Y la razón de que, al hilo del aniversario, se reavive la controversia ha de buscarse en que renace precipitadamente el debate sobre la energía nuclear. Con el precio del crudo por encima de los 70 dólares por barril y sin indicios de que haya tocado techo, no es extraño que una decena de países europeos estén revisando sus políticas energéticas para reemprender la construcción de centrales, mientras en EE. UU. están en vías de autorización once nuevas instalaciones de esta clase. La catástrofe de Chernóbil demonizó la energía nuclear de uso civil en el mundo y sirvió a la vez para disponer nuevas políticas de seguridad en las plantas existentes y futuras. Con tal bagaje de conocimientos y experiencia, esta actividad se ha vuelto teóricamente más segura, aunque sigue irresuelto un problema grave: qué hacer con los residuos generados, parte de los cuales mantendrá su peligrosa radioactividad durante milenios. El debate sobre la conveniencia de reemprender el abastecimiento energético nuclear parece inevitable, y también las posturas irreconciliables.