El ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmó ayer que el análisis de la seguridad del abastecimiento energético en el marco de la opa de E.ON sobre Endesa «supera a Bruselas» y compete a las autoridades españolas, en concreto a la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En los pasillos del Senado, Solbes indicó que el Gobierno «no tiene nada que opinar» sobre la decisión de la Comisión Europea de aprobar sin condiciones la opa formulada por el grupo energético alemán E.ON sobre Endesa al considerar que la operación no obstaculiza de forma significativa la competencia.

Según dijo, la decisión de Bruselas pone de relieve que el mercado español es uno de los más liberalizados en Europa y que existe cierta «asimetría» respecto a otros países miembros por el hecho de que, al privatizar las empresas energéticas, las ha convertido en posibles objeto de opas para compañías de otros países.

Desde el pasado marzo, la CNE debe autorizar las operaciones que impliquen la compra de más del 10% de una empresa con actividades reguladas. El organismo regulador puede denegar la autorización o establecer condiciones si existen «riegos significativos» para las actividades reguladas o para proteger el «interés general».El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Industria, José Montilla, defendieron ayer en el Congreso la legalidad de la autorización del Consejo de Ministros que permitió a Gas Natural, bajo 20 condiciones menores, lanzar su opa sobre Endesa. Una decisión del Ejecutivo que el pasado viernes fue suspendida por la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Una mayoría ajustada de magistrados (18 frente a 14) estimó que de no haberse tomado esta decisión se podría haber causado un «perjuicio irreparable» a la eléctrica.

Zapatero destacó el «respeto del Gobierno por los órganos judiciales» y afirmó que su Gabinete «no cuestiona la decisión del Supremo y respeta el trabajo de los jueces». Dijo que el papel del Ejecutivo en la opa ha sido el de garantizar los derechos de los consumidores y la legalidad «y no el interés de los directivos de las empresas». Y recordó que aún no se conoce el contenido del auto del Tribunal Supremo, por lo que calificó de «prematuras» varias preguntas formuladas por el Partido Popular sobre la decisión de la Sala.

Dimisión 'al cubo'

Montilla aseguró que «si algo caracteriza la política del Gobierno es la transparencia y la defensa del interés general». Montilla, aseguró que la autorización estuvo «más motivada que otras» decisiones relativas a concentraciones empresariales adoptadas por el Ejecutivo de José María Aznar. Durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, los tres máximos dirigentes del PP, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, cargaron contra Montilla y pidieron su dimisión. Los populares acusaron al ministro de haber «fallado» al mercado, a los accionistas de las tres empresas implicadas así como de haber enfrentado de forma gratuita a España con Alemania. Rajoy acusó al Gobierno de «hacer el ridículo» en Europa y actuar de forma «grotesca» en la opa y sostuvo que la continuidad de Montilla le parece «un chiste».

Por último, Rajoy manifestó su apoyo a la fusión de Abertis (participada por La Caixa) con la italiana Autostrade «porque eso -dijo- es hacer España y hacer Europa».