LA polémica sobre la política urbanística de algún municipio en el entorno de Valladolid suscita reflexiones sobre las transformaciones aceleradas de esta ciudad y sus alrededores, así como acerca de la mejor forma de afrontarlas institucionalmente, si acaso se piensa o se quiere hacer algo al respecto. Y parece oportuno plantearse esta cuestión, porque puede que el desarrollismo galopante que se observa al acercarse a la ciudad del Pisuerga termine perjudicando la calidad de vida de sus ciudadanos, que es lo principal, y algo más, la capacidad de crecimiento económico del principal motor urbano de Castilla y León.

Qué diferente la visión de la ciudad hoy si la comparamos con la descrita por Bartolomé Benassar, en su excelente obra sobre Valladolid en el Siglo de Oro, o la pintada por Anton Van Den Wingaerde en sus cuadros de las principales localidades de la época. Incluso confrontando el Valladolid actual con el anterior a la llegada de la Renault hace medio siglo, y la expansión urbanística consiguiente, bien descrita en un libro de José Luis García Cuesta. Ya sobre el XVI Benassar, y después Miguel Delibes en 'El Hereje', describían un crecimiento exasperado por la ubicación de la Corte, y a finales del XX García Cuesta lo hacía asociándolo a la industria, pero hoy nos enfrentamos a una transformación no solo cuantitativa, sino también cualitativa.

El cambio, respecto del crecimiento de la segunda mitad del siglo pasado, radica en la transformación del área de Valladolid en espacio metropolitano, pues ya no crece solo la capital, sino que también lo hacen Arroyo, La Flecha, Laguna, Cigales y todos los municipios, en otro tiempo pequeños, de su entorno. Este nuevo fenómeno urbano, antes experimentando por otras grandes ciudades españolas, llama a soluciones institucionales, jurídicas y organizativas específicas, herramientas apropiadas para dar respuesta a los nuevos y viejos problemas metropolitanos. Fórmulas ya ensayadas en otras comunidades autónomas que, como casi siempre, llegarán un poco más tarde, algún día quizás, a Castilla y León.

Comprender el porqué es necesario tomar decisiones sobre este asunto no requiere especiales conocimientos administrativos, geográficos o jurídicos: determinados problemas, por su incidencia supramunicipal, no pueden ser dejados simplemente en manos de los ayuntamientos, aisladamente considerados. Por ejemplo, la planificación urbanística, según como se ejerza, puede tener consecuencias graves en un espacio metropolitano. Para proteger el medio ambiente urbano y frenar los posibles excesos del 'imperio del adosado', se hacen precisos controles autonómicos y una composición de los intereses de todas las localidades que tienden a convertirse en una sola.

Estos controles existen, y los límites a proteger se fijan en las Directrices de Ordenación del Territorio para Valladolid y su entorno, del 2001, donde ya se describe la zona como «área metropolitana en formación». Transcurridos cinco años desde su dictado, ese proceso de formación está muy avanzado, y si no se establecen nuevos límites, habrá superado con creces las previsiones territoriales del poder normativo autonómico. Valladolid se habrá convertido, en menos de diez años, en la suma de varios municipios cuyos términos se confundirán, con el consiguiente impacto sobre la calidad de vida (tráfico, contaminación, servicios básicos) y sobre un medio ambiente que se considera, en nuestra Estatuto, uno de los valores esenciales de la comunidad autónoma.

Ante tales excesos, se siente la tentación de plantear soluciones extremas y poco compatibles con la autonomía local, como la anexión de municipios, algo que puede parecer radical, pero ha sido ensayado antes en varios países de Europa, que vienen integrando los entes locales en áreas más amplias y racionales a la hora de tomar según qué decisiones. Yo, a pesar de las tendencias europeas, tengo mis dudas de que sea oportuno hacerlo en las áreas urbanas españolas, pues considero que sería erróneo 'desmunicipalizar' el gobierno metropolitano. A pesar de que corren malos tiempos, por el 'caso Marbella', prefiero confiar en la democracia y en la autonomía municipal, hasta cierto punto, con los controles debidos.

La respuesta metropolitana puede y debe surgir de los propios municipios, pienso, y no requiere necesariamente la creación de nuevas estructuras, ni más funcionarios. Existen otras alternativas, basadas en una estrategia concertada entre todas las instituciones con poderes sobre el territorio. Ahora bien, su empleo requiere partir de dos ideas: la primera, que cada ayuntamiento (o cada alcalde), no puede tomar cualquier decisión que afecte gravemente más allá de su término municipal; y la segunda, que la coordinación de todas las administraciones públicas es clave para el desarrollo, la calidad de vida y la creación de condiciones competitivas en la globalización, el verdadero tren -y no me refiero a la Alta Velocidad- del siglo XXI.