Los bienes patrimoniales de la Administración regional o de otras instituciones públicas de Castilla y León que no tengan uso podrán ponerse en manos de la iniciativa privada durante 75 años con el fin de dar a esos elementos un valor y ahorrar el dinero que supone su conservación.

Esta es una de las novedades del proyecto de ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León que aprobó hoy el Consejo de Gobierno y que detalló, en rueda de prensa posterior, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Otra de las novedades del texto, que sustituye a la ley de 1987, es que recoge la "obligación" de hacer un inventario de bienes patrimoniales y de dominio público, que en lo que afecta a la Administración regional está prácticamente terminado en cuanto a bienes inmuebles, con más de 2.500 bienes inventariados.

Esta tarea, refirió Del Olmo, ha llevado varios años, ya que hay que identificar los bienes registralmente, valorarles y describirles.

Se exceptúa de esta labor el inventariado de carreteras, montes, vías pecuarias y viviendas, que se catalogarán de otra manera y por las consejerías de las que dependan.

El proyecto de ley considera el patrimonio como un conjunto que incluye todos los bienes y derechos de la Comunidad, con independencia de su titular -administración general, otras instituciones u organismos autónomos- o destino -uso general, servicio público o patrimoniales-.

Estructurada en siete títulos, con 159 artículos, diez disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y nueve finales, además adapta la normativa regional a la estatal de 2003.

Aunque es "muy técnica", reconoció la consejera de Hacienda, recoge el concepto de patrimonio de la Comunidad como un recurso que sirve a los ciudadanos para prestar servicios públicos y para ejercer sus funciones y competencias.

La norma atribuye a la Consejería de Hacienda competencias como órgano encargado de clarificar, sistematizar y ordenar este patrimonio, con el fin de aprovecharle de forma "más eficaz y eficiente".

Regula además el uso y gestión de los bienes patrimoniales, introduciendo la posibilidad de que pasen a manos privadas en el caso de que no tengan uso; y establece una coordinación para los edificios administrativos compartidos para unificar su imagen y procurar su mejor aprovechamiento.

Para ello se crea una Comisión Coordinadora de Edificios Administrativos, explicó la titular de Hacienda, quien precisó que ya se trabaja para diseñar un programa de redistribución de espacios, para un uso más racional, que el "ciudadano se sienta más cómodo", "pueda ser atendido en menos edificios" y se reagrupen los del medio rural, como las oficinas de la Junta previstas en Aranda de Duero (Burgos) y Cuéllar (Segovia).

En el apartado normativo, la Junta aprobó también hoy el decreto por el que se crean las comisiones regional y territoriales para la promoción de la salud en los centros docentes de la región, con el fin de introducir hábitos saludables, educativos y preventivos.

Mediante otro decreto, la Junta estableció el currículo de la especialidad de la Moda de los Estudios Superiores de Diseño de la Comunidad de Castilla y León, explicó la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz.

Estos estudios de Moda, que se impartirán en Burgos a partir del próximo curso 2006-2007, son una diplomatura de tres cursos y proyecto de fin de carrera, con veintitrés asignaturas, y para poder acceder a los mismos se requerirá título de bachiller y superar la prueba de acceso, que será directo para los titulados superiores en Artes Plásticas y Diseño, y determinadas especialidades de FP.

Las otras tres especialidades de diseño se impartirán en años posteriores, y la de Diseño Gráfico se ofertará en Soria, el de Interiores en Zamora y el de Productos en Segovia.