El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó ayer la suspensión cautelar del decreto aprobado el pasado 3 de febrero por el Gobierno, que autoriza la opa presentada por Gas Natural sobre Endesa, si bien vinculó esta decisión a la presentación de una fianza de 1.000 millones por la compañía que preside Manuel Pizarro, la segunda que se le requiere para lograr el mismo fin. Una mayoría ajustada de magistrados -18 frente a 14- estimó que de no haberse decidido dicha paralización se podía haber ocasionado «un perjuicio irreparable» a la primera eléctrica española.

En la práctica, no obstante, la resolución de la Sala Tercera -órgano competente para resolver los pleitos que se presentan contra decisiones del Consejo de Ministros- no supondrá cambio alguno en el proceso de la controvertida opa, pues ésta ya fue suspendida el pasado 21 de marzo por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid. Esta juez, que tramita una demanda de Endesa contra Gas Natural e Iberdrola por un supuesto pacto ilegal para la compra de sus activos, requirió entonces a la eléctrica que depositara una primera fianza de 1.000 millones de euros, que ya ha sido cubierta mediante sendos avales bancarios.

En esa ocasión la decisión de presentar la fianza (que tiene un coste anual superior a los tres millones de euros) fue tomada por el consejo de administración de Endesa, que tardó diez días en pronunciarse. Esta vez puede ocurrir algo similar, ya que los abogados de la empresa van a escudriñar antes las posibilidades -eso sí, exiguas- de reducir la suma requerida. Para ello tendrán que recurrir en suplica ante la misma Sala (no cabe otra opción jurídica), aunque conscientes de que difícilmente modificará su criterio. Algo similar le pasa al Ejecutivo, quien también pretende presentar un recurso, con similares opciones de éxito.

Pero antes de mover ficha, tendrán que leer al detalle la resolución del Tribunal Supremo, que probablemente no les será notificada hasta finales de la semana próxima y que contendrá varios votos particulares de algunos de los magistrados discrepantes con el fallo mayoritario. Según fuentes jurídicas, el principal argumento de la sentencia es que dado que existen, al menos, dudas 'objetivas' sobre la legalidad de la decisión gubernamental, no se descarta ningún pronunciamiento, a favor o en contra. Como la solución final sobre el fondo se demorará más de un año, es necesario evitar o asegurar los posibles daños.

Castigo en bolsa

En el caso de Endesa, el perjuicio se evita con la paralización. Para la otra parte afectada -Gas Natural y posibles terceros-, se contempla la citada fianza de 1.000 millones, justo la misma que estima un juzgado mercantil tras analizar con mas detalle los daños económicos que se podrían producir si se obstaculiza la opa sin fundamento jurídico, cuestión que sólo se resolverá al sentenciar el caso. El mercado, preocupado por esta nueva carga económica para la eléctrica, castigó ayer sus acciones con un recorte del 0,74% (hasta los 26,85 euros) y premió las de Gas Natural con un avance del 1,65% (24,6 euros).

La división de posturas en la Sala Tercera, evidenciada en el día y medio de debates sobre las medidas cautelares del recurso presentado por Endesa, fue destacada por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien dijo que estudiarán «si hay motivos para el recurso».

Desde el PP, contrario en su día a la autorización de la opa, se fue un paso más allá y se pidieron responsabilidades políticas en el Ejecutivo pese a que la suspensión cautelar no prejuzga la sentencia final respecto al fondo del caso.