El Gobierno dio ayer luz verde, para su posterior trámite parlamentario, al proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, la iniciativa que requerirá de un mayor esfuerzo presupuestario en la presente legislatura y que supondrá una irreversible «revolución social», en palabras del ministro de Trabajo Jesús Caldera, que permitirá asistir a las personas que no pueden valerse por sí mismas, en su mayoría ancianos, en las actividades diarias.

La futura ley configurará un sistema nacional de atención que beneficiará a más de un millón de personas dependientes, 80.000 de ellas residentes en Castilla y León, dato ofrecido por la Consejería de Familia de la Junta. La norma entrará en vigor el próximo año y se aplicará de forma gradual, de forma que se estima que en el 2007 el nuevo sistema asistirá a 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave. En la región castellano y leonesa se estima que este número ascenderá a unos 20.000.

En el 2015, cuando la implantación se haya generalizado a todos los usuarios -se calcula que cerca de 1,5 millones para entonces- la ayuda media por persona, procedente de la financiación pública, superará los 375 euros mensuales. Según el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, este «nuevo derecho ciudadano, que no beneficencia», evidenciará un profundo «cambio histórico», toda vez que las labores de ayuda y atención que hasta ahora eran privativas de las familias serán, por completo, «responsabilidad de los poderes públicos».

El nuevo sistema nacional de dependencia se convierte así en el 'cuarto pilar' del Estado del bienestar, tras los sistemas sanitario, educativo y de pensiones. Todas aquellas personas que por motivos de edad, enfermedad o discapacidad no puedan desempeñar las actividades básicas de la vida diaria por sí mismas tendrán acceso a servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas, plazas residenciales...) o prestaciones económicas.

Sistema de copago

El nuevo sistema comenzará a aplicarse con una inversión inicial de 400 millones de euros, pero una vez consolidado habrá requerido una inversión total por parte del Gobierno de casi 13.000 millones de euros. A las comunidades autónomas les corresponderá cofinanciar la mitad de las inversiones públicas en esta materia. Los beneficiarios participarán en la financiación de esta cobertura en función de su renta y patrimonio «de forma equilibrada y justa», sin que ninguna persona pueda dejar de recibir atención por falta de recursos. La aportación concreta de los beneficiarios será establecida una vez aprobada la ley, si bien Caldera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estimó que esta tercera vía de financiación del sistema no superará de media el 30% de la inversión total. Este copago disfrutará de beneficios fiscales, subrayó el ministro, con un tratamiento similar al de los planes de pensiones. El ministro hizo hincapié en que el Gobierno «no consentirá fraudes» a la hora de beneficiarse del sistema.

Las personas dependientes necesitan una media de seis horas de ayuda diaria, en su mayoría prestadas por las familias y, en especial, por las mujeres. «Es un desafío social que en el 2015 no haya una sola persona dependiente sola, por edad o minusvalía», precisó la portavoz del Gobierno y vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.

La implantación gradual del sistema de ayudas dará prioridad, como es obvio, a las personas más necesitadas o con un mayor grado de minusvalía. El grueso de los beneficiarios, en torno al 80%, serán ancianos y personas con más de 65 años -de los cuales viven solos alrededor de un 22%-, aunque también se extenderá a niños menores de tres años con discapacidad grave o a enfermos mentales.

El proyecto legislativo prevé igualmente la posibilidad de pagar un sueldo a los cuidadores que sean de la misma familia que el dependiente, que deberán darse de alta en la Seguridad Social. Además, la creación en España del sistema nacional de dependencia supondrá una eficiente inversión por su impacto social, económico y laboral. El ministro Caldera indicó que en el 2015 se habrán generado alrededor de 300.000 empleos directos y «cientos de miles indirectos».

Caldera expresó su confianza en que el proyecto gozará de un amplio respaldo parlamentario durante su trámite en las Cortes. La ley cuenta con el apoyo expreso de los agentes sociales, el PSOE, IU, ERC y PNV, pero CiU ha anunciado una enmienda a la totalidad ya que, en su opinión, ignora las competencias exclusivas que el nuevo Estatuto otorga a Cataluña en materia de servicios sociales.

Críticas del PP

El Partido Popular apoyará la ley, pero solicita la «generosidad» del Gobierno para que haya un gran pacto político que «cuente con el apoyo de todos», precisó Ana Pastor, quien defendió una «prestación universal» para todos los españoles y que dicha prestación cubra el 100% de los gastos en los casos de 'gran dependencia'.

La consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, volvió a manifestar ayer en la localidad vallisoletana de Íscar que se trata de un «proyecto insuficiente para solventar esas necesidades especiales que tienen los ciudadanos», motivo por el cual el Ejecutivo regional ha decidido impulsar su propia Ley de Dependencia «para cubrir sus deficiencias y lagunas».