LA llegada del 23 de abril, mucho más que una fiesta oficial -la fecha de referencia histórica de esta comunidad autónoma- ha obligado al Partido Popular a desatascar el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía que caprichosa y unilateralmente ha venido dilatando durante casi un año. No podía llegar el PP al día de Villalar con esa reforma bloqueada y menos aún cuando aspiraba a estampar su firma en el Manifiesto con el que los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales convocan cada año la concentración en la campa comunera. Esta firma era lo único que le faltaba a los populares para poder subirse al carro de Villalar en pie de igualdad con quienes han mantenido desde 1976 la llama de una celebración ignorada por los sucesivos gobiernos regionales del PP durante 14 años.

Pasará el 23 de abril y veremos en qué queda ese proceso de reforma del Estatuto que la Junta y el PP han venido manejando a su completo antojo y conveniencia, con absoluto desprecio no ya a la oposición -acostumbrada a tragar con todo-, sino a otras instituciones y agentes sociales a que los que en su momento Juan Vicente Herrera tuvo a bien consultar. Tras aquel 'rally' fotográfico de las consultas, el presidente de la Junta se comprometió a exponer las bases de la reforma del Estatuto en el posterior Debate sobre el Estado de la Región celebrado en junio, cosa que hizo, bien es verdad que de una forma un tanto vaga y deslavazada.

Llegados a ese punto correspondía a los grupos parlamentarios poner en marcha el correspondiente proceso legislativo en las Cortes Regionales, que es lo que se hace ahora al calor del 23 de abril, justamente diez meses después. Tiempo este en el que el PP ha ido mareando la perdiz y dando largas, hasta el punto de anunciar, el pasado mes de febrero, que no emprendería la negociación mientras Ángel Villalba se mantuviera al frente del PSOE de Castilla y León. 'Rehabilitado' ahora este como interlocutor, el portavoz parlamentario popular, José Antonio de Santiago, ha pedido públicamente perdón por aquel dislate democrático. Su disculpa, eso sí, ha venido aderezada con una impagable perla, consistente en afirmar que los desencuentros entre PP y PSOE (este último se ha prolongado más de dos meses) son como «anécdotas que duran lo que tarda en caducar un yogur».

Poco importaba por tanto que solo dos días antes de que Villalba y De Santiago escenificaran esa reconciliación, Juan Vicente Herrera, de viaje en Chile, calificara a Villalba de «líder en fase terminal». Conocida la caducidad de los frescos lácteos, ya sabemos que dichas descalificaciones han de tomarse a beneficio de inventario. Máxime si van dirigidas a alguien tan acostumbrado a encajarlas como el secretario regional del PSOE, a quien la Junta y el PP pasan de desautorizar a rehabilitar o viceversa, a veces en menos tiempo real de lo que de verdad tarda en caducar un yogur, que, como todo consumidor sabe, es mucho menos de dos meses. Algún día trascenderán las contrapartidas secretas que lubrican cada reconciliación.

La veleidad con la que Herrera y De Santiago han venido actuando en lo concerniente a la reforma del Estatuto no se ha limitado al manejo de los tiempos y del calendario. Se ha extendido también al propio alcance de la reforma y a sus contenidos, que a esas alturas cada vez tienen menos que ver con aquel planteamiento inicial del presidente de la Junta. Y no hablemos ya de la frivolidad en que incurrió el portavoz popular al reivindicar para esta comunidad la definición de 'nacionalidad histórica', ocurrencia de la que, tras el lógico estupor en propios y extraños, De Santiago tuvo que dar inmediatamente marcha atrás. Y no porque carezca de base y fundamento, sino porque chirría completamente con la política nacional de su partido y con la posición que el PP regional, representado por el propio Herrera, mantuvo en la ponencia que debatió la anterior reforma del Estatuto (1999), donde el entonces procurador de IU, Antonio Herreros, se quedó solo en su defensa de esa misma denominación.

En aquella ocasión sucumbió también la pretensión de que la Confederación Hidrográfica del Duero fuera transferida a la comunidad, cuyo traspaso se vuelve a plantear como la principal competencia a conseguir en la nueva reforma. Si la entonces ministra de Medio Ambiente del PP, Isabel Tocino, se bastó y se sobró para tumbar dicho propósito, es de suponer que a la socialista Cristina Narbona no le hará ninguna ilusión ceder a la Junta esa importante parcela de poder, mucho menos después de haberse sacudido la pesada carga que para ella misma y para el PSOE ha supuesto la todavía presidenta de la CHD, Helena Caballero.

Más allá de coyunturas cortoplacistas a tono con la caducidad de los productos perecederos, persiste el hecho de que, 30 años después del primer Villalar, el grado de identidad regional sigue sin repuntar. Y por si no fuera suficientemente precario, algunos de los que debieran promover la conciencia colectiva de pertenencia a esta comunidad se permiten hacer justamente lo contrario, como lamentablemente ha sido el caso del alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes. (Episodio en el que no se sabe qué ha sido peor, si la gratuita patada del alcalde al sentimiento regional o la peregrina argumentación del secretario regional del PSOE para justificarla). A todo esto, la Fundación Villalar, constituida precisamente para fomentar la identidad regional, apenas está contribuyendo a ese objetivo. Superada su difícil gestación, tras una alentadora puesta en marcha, su presencia se ha ido difuminando sin que sus responsables, con el presidente de las Cortes a la cabeza, hayan querido, sabido o podido superar el espesor de los muros de Fuensaldaña. Algo por otra parte muy en consonancia con su cerrada composición, ampliamente dominada por quienes no creyeron en Castilla y León hasta que José María Aznar no accedió al Gobierno regional en 1987, los mismos que se mantuvieron al margen de la celebración popular de Villalar durante los 14 años siguientes.

Sin su apertura política y social, como mínimo a las fuerzas firmantes cada año del Manifiesto del 23 de abril, será difícil que la Fundación Villalar, aunque haya asumido ya oficialmente la organización de los actos en la campa, cumpla el superior fin que motivó su creación. A saber: el fomento del todavía muy escaso sentimiento colectivo de pertenencia a una misma comunidad. Un vasto cometido que va mucho más allá de una sola fecha, por emblemática que ésta sea.