Las cajas de ahorro están obligadas a garantizar la participación de los clientes en su gestión, un mandato que hasta ahora cumplían dando entrada a impositores de sus territorios 'históricos', es decir, de su región natal y por tanto donde tienen mayor implantación. Esto dejaba fuera a los habitantes de otras autonomías donde también hacían negocio, una realidad que modificó el Gobierno de Aznar a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado del 2004.