Una nueva sentencia sobre el conflictivo servicio de Neurocirugía del Río Hortega valora la situación creada tras el fallo judicial en el que se ordenaba, el junio del 2005, el cese del actual jefe de Neurocirugía, José María Campos Gutiérrez. El recurrente, el jefe de sección del mismo servicio, Eleuterio Pérez Domínguez, había reclamado el cumplimiento de dicha sentencia.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 estima que la resolución judicial es imposible de cumplir porque la derogación de su nombramiento hace referencia a su primera etapa como jefe, es decir, a la década que el mismo ocupó la jefatura como interino en base a un nombramiento de 1994. El doctor Campos fue nombrado de nuevo por el hospital en el mismo cargo en abril del 2005, pero ya como facultativo especialista de área, es decir, como personal fijo, por lo que el fallo judicial no se refería, estima ahora el juez, a esta segunda designación. «Al dictarse la sentencia en junio del 2005, el doctor Campos había cesado en el desempeño de la plaza en base a un acuerdo del 1 de noviembre de 1994 y había pasado a ocupar la misma en base a otra resolución», explica la argumentación.

Asimismo, el juez estima que no puede considerarse el acuerdo del pasado mes de abril para volver a colocarlo en la jefatura como una «resolución administrativa que se dicta con la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia, pues es de fecha anterior a ésta, como lo son también el cese en el desempleo de la jefatura y la nueva toma de posesión».

Recurso

No obstante, el nuevo fallo judicial valora que el hecho de desestimar la pretensión de que dicha sentencia anulara el segundo mandato no tiene que ver con lo el resultado del recurso interpuesto contra el nuevo nombramiento. El Contencioso Administrativo número 2 anuló el pasado mes de febrero el nombramiento del jefe de Neurocirugía con carácter provisional y urgente. Resolución contra la que el hospital puede presentar recurso. Por otro lado, y en este cruce de sentencias, hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y Léon ordenaba el pasado mes de diciembre que se sacara la plaza a concurso para un nombramiento de la misma en propiedad de forma que pueda acceder a la misma el personal estatutario habilitado para desempeñar el cargo en el 2003.