La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, quiere acabar con la inseguridad jurídica que rodea a una buena parte del negocio inmobiliario. Sin prisa, pero sin pausa, ha comenzado a trabajar con su departamento y los intermediadores profesionales para cercar a los 'chiringuitos' que, con un teléfono móvil como toda infraestructura, gestionan la compra-venta de pisos sin garantías para el ciudadano. «Es una locura que sea más fácil en España vender una casa que una lechuga», afirmó ayer Trujillo, que adelantó que su intención es imponer un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles 'destrozos' que dejen tras de sí los mediadores menos escrupulosos o inclinados a la especulación. Adelantó también que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha superado en cinco meses los objetivos de todo un año y ya ha intermediado «más de mil contratos».