A los que me preguntan si estoy contento con el «alto el fuego permanente» (pobres etarras, militarotes ellos, cómo les gusta el toque de corneta) contesto como el casero a la furcia preocupada por saber sí gozaba: «Sí, mucho, señora puta, mucho». Entonces insisten: «Y ¿qué de malo tiene la mesa de partidos, si están todos los que son y se realiza en ausencia de violencia?». Es el momento de contar la historieta del contrabandista. Los aduaneros de cierto país se habían propuesto atrapar a un astuto contrabandista, que cruzaba todos los días la frontera yendo y viniendo con cargas misteriosas. El problema es que no lograban averiguar con qué traficaba: unos días llevaba una carretilla llena de cascotes, al día siguiente la carretilla estaba llena de trapos, otras veces transportaba en ella ramas de árbol o pedazos de papel. Tardaron bastante tiempo en darse cuenta de que el avispado sujeto hacía contrabando de carretillas. Igual ocurre con la mesa de partidos. Lo malo no es que se plantee tal ente mientras aún ETA conserve las armas, que se sienten a ella pocos o muchos, ni que el orden del día incluya la autodeterminación o cualquier otro tema. El contrabando político anticonstitucional está en la mesa misma, es decir, en crear como respuesta al alto el fuego (forzoso, claro) de ETA una instancia extraparlamentaria en la que se encuentre lo ilegal con lo legal para reinventar o hacer como si se reinventa una legalidad nueva. Dado que los que no aceptan la legalidad constitucional no pueden entrar en el Parlamento, deben salir a reunirse con ellos y atender sus peticiones todos los elegidos para trabajar dentro: menudo escándalo.

Hay que crear una legalidad en la que todos puedan estar cómodos, añaden algunos suspirando beaturronamente. ¿Como si la comodidad o incomodidad de cada cual fuese un asunto público! Nadie se ha preocupado de si con la ley de violencia de género los maridos bestias se sienten cómodos o no, a nadie le importa si los fumadores estamos a nuestras anchas con la nueva legislación antitabaco, los ediles de Marbella se sentían comodísimos saltándose las leyes pero han acabado en chirona, etcétera. Las disposiciones legales se toman por motivos mejor o peor fundados que nunca incluyen el confort universal, ni convierten en prioridad que estén a gusto aquellos que cometían antes los atropellos ahora prohibidos.

Además, vamos a ver: ¿por qué hay que hacer replanteamientos políticos de ningún tipo con el pretexto de que una banda terrorista cesa en su actividad, por evidente cierre o derribo? Todos tenemos claro que son una banda criminal, no una instancia política merecedora de respeto y audiencia. Si cesan en su actividad malhechora, estupendo para nosotros y también para ellos, que ya no tendrán que sufrir persecuciones legales por sus delitos, aunque sí -claro está- responder por los anteriormente cometidos (como se lamentan sus portavoces, 'más de lo mismo'... ¿pero es que las leyes son tan aburridas con su manía de castigar a los delincuentes, incluso a los que por conveniencia un día prometen que van a dejar de serlo!). ¿Recomendación? Que entreguen las armas, que se sometan a la Justicia y que soliciten la generosidad democrática de la sociedad contra la que han atentado. Seguro que no les irá del todo mal.

Pero sería disparatado aceptar que, a fin de compensar a los etarras por resignarse a su jubilación, debemos cambiar nuestras instituciones para hacer algún tipo de concesión aún mayor al ideario del PNV, de EA o de quien fuese. ¿Acaso Ibarretxe, Begoña Errazti o Joseba Egibar tienen algo que ver con ETA, con sus pompas y sus obras? ¿Acaso son sus albaceas políticos, sus mánagers, sus administradores? Otrosí: ahora ya se ha hecho público lo que antes se negaba, que Batasuna es el brazo político y el representante en la tierra de la diosa ETA. Por cierto, también sabemos -gracias al calendario de consultas del lendakari- que los comunistas de las tierras vascas o como se llamen no tienen más vigencia política que representar a su vez a Batasuna, lo que hace cuatro días todavía negaba muy serio el cándido Conde Pumpido. Pues bien, ¿acaso se han ganado con esa filiación criminal el derecho a ser escuchados donde y como ellos quieran por los demócratas que han soportado su acoso? Lo único que se les puede decir es que renuncien a su antigua y larga complicidad con los violentos, que condenen tales procedimientos totalitarios de intimidación y luego que se presenten con siglas legales a las próximas elecciones para poder defender sus propuestas, sean cuales fueren, en la sede constitucional debida. Nada menos, pero desde luego nada más.

Claridad ante todo: al actual sistema democrático en el País Vasco no le falta nada. Tiene instituciones parlamentarias, fiscales, jurídicas, educativas, etcétera, y naturalmente 'problemas políticos', porque si no hubiera problemas políticos sobraría todo lo demás. Para 'normalizarse' no le falta nada, pero le sobra evidentemente algo muy importante: la amenaza terrorista, que pretende imponer por la fuerza lo que no logra sostener con el razonamiento, que impide la libre expresión de las ideas que no le agradan y obstaculiza la igualdad de oportunidades en la defensa de proyectos políticos. Una vez extirpada la violencia criminal etarra, cuando regresen quienes se fueron por su causa y se expresen los que callaron por temor, cuando sea en el espacio público tan perfectamente normal manifestarse no nacionalista o antinacionalista como lo es ya hoy en el espacio privado, tendremos un futuro de normalidad y convivencia en democracia. Entretanto, pedir alguna 'compensación' por el desmantelamiento de ETA es tan absurdo como si alguien al que se extirpase un tumor maligno solicitara al cirujano una gratificación para indemnizarle por semejante pérdida.