Efectivos de la Policía Local de Salamanca procedieron ayer, entre las 9.00 y las 11.00 horas, al desalojo de la 'Residencia de Ángeles', situada en la calle Padre Ignacio Ellacuría, por carecer de licencia y en cumplimiento de un auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital. El Ayuntamiento de Salamanca ya había requerido en dos ocasiones al gerente de la residencia de ancianos el desalojo de las instalaciones, después de que el espacio comenzara a funcionar en el mes de octubre sin contar con la licencia de primera ocupación y, según consta en el auto de instrucción, sin la licencia administrativa de la Junta de Castilla y León preceptiva para este tipo de instalaciones.

El desalojo se realizó sin que se produjeran incidentes entre los familiares de los internos y los agentes de la Policía Local, como sí había sucedido en el anterior intento de desalojo el pasado 16 de marzo, cuando los familiares denunciaron «violencia verbal y coacciones» por parte de los agentes para forzarles a abandonar el edificio en un desahucio que finalmente se aplazó hasta ayer.

A primera hora de la mañana se comenzó a producir la salida de los primeros ancianos en compañía de sus familiares. En el momento de la entrada de la Policía Local en las dependencias, todavía quedaban tres internos, que fueron evacuados con destino a otras residencias y bajo la supervisión de funcionarios de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta.

La Policía Local tuvo asimismo que instar al desalojo, ya a primera hora de la tarde, al gestor de la residencia geriátrica, Eugenio Grande, que se oponía a abandonar las instalaciones alegando que el auto del juzgado solo establecía la clausura de la residencia, pero no que el edificio tuviera que ser precintado.

En este sentido, el gerente de la sociedad Caño Novo S.L. aseguró que desde el pasado mes de octubre está empadronado en la residencia y que «esta es mi casa y no me han dejado ni siquiera sacar mis documentos».

Querella del gerente

Por este motivo, Eugenio Grande presentó ayer una denuncia en el juzgado por desalojo ilegal. Asimismo, la gestora presentó ante el Juzgado número 2 el jueves un contencioso administrativo contra la orden de cierre solicitando como medida cautelar que se paralizara la anterior orden de desalojo, medida que no fue atendida.

El gerente denunció asimismo que la orden de cierre se ha decretado «sin que haya habido ninguna inspección oficial en el edificio» y alegando que «faltan dos plazas para minusválidos y que nos hemos excedido en edificabilidad».

Además, sobre la licencia de primera ocupación, sostuvo que el pasado 21 de agosto, ante una consulta, el Ayuntamiento notificó que no había «ninguna licencia abierta» para la residencia por lo que «entendimos que estaba cerrada porque en urbanismo el silencio administrativo se considera positivo y la licencia la habíamos pedido el 5 de mayo».