El Gobierno considera que es imposible disolver el Ayuntamiento de Marbella y convocar elecciones anticipadas dada la premura de tiempo y los prolijos trámites que hay que realizar. Según fuentes gubernamentales, entre una convocatoria de elecciones y otra ha de transcurrir un periodo mínimo de un año. Si el Gobierno apostara por la celebración adelantada de elecciones, dispondría de apenas un mes para cumplimentar todos los trámites. De esta manera, todo parece indicar que la Diputación Provincial de Málaga nombrará una gestora para hacerse cargo del Ayuntamiento marbellí hasta que se realicen elecciones en mayo del 2007, dado que su alcaldesa, Marisol Yagüe, y algunos de sus ediles permanecen detenidos por una trama de corrupción urbanística.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que «en este caso hay que huir de la precipitación y de las declaraciones altisonantes».

«El Gobierno trabaja con rigor y responsabilidad y confía en el trabajo de las Fuerzas de Seguridad y la acción de la justicia», dijo Fernández de la Vega. Para la portavoz del Ejecutivo, una vez que exista pronunciamiento judicial y se descubran posibles delitos, el Gobierno «actuará con rotundidad para que todo el peso de la ley recaiga sobre los delincuentes». «El Gobierno no tolerará ni amparará comportamientos corruptos», dijo Fernández de la Vega ante el escándalo por corrupción política detectado en Marbella.