EL Instituto Nacional de Estadística acaba de anunciar el dato adelantado sobre el cambio en los precios al consumo del mes de marzo. Y las cifras son esperanzadoras para una economía 'recalentada' como la española. Frente al 4,2% de enero y el 4% de febrero, el IPC del mes que acaba de terminar se queda -inicialmente- en el 3,9%. Una vez que se ha bajada de la barrera psicológica del 4% parece que se respira tranquilidad. Esto incluye al ministro Solbes que, tras el anuncio del INE, expresó su confianza de que al final de año la cifra acumulada ronde el 3%. Sin embargo, no todas las noticias conocidas han sido tan buenas. El euribor -el tipo de referencia al que se vinculan los préstamos hipotecarios- ha alcanzó en marzo el 3,1%, el nivel más alto desde el 2002, -45 euros para una hipoteca media al mes- que difícilmente se corregirá a través de los préstamos mixtos (con tipos fijos y variables) que el Ministerio pretende impulsar como parte de su Plan de Dinamización.

Dentro de las funciones del Gobierno entra socializar el optimismo cuando se desaceleran los precios e intentar amortiguar el impacto de las hipotecas en una sociedad con una carga de deuda por vivienda muy superior a lo aconsejable. Pero esta tarea no va a ser fácil. Los índices de confianza caen en todos los sectores y en la economía en general, tanto por parte de las empresas como de los consumidores, y esta tendencia se conecta con el mal camino que llevan los precios y las subidas de los tipos. La inflación ha llegado a convertirse en el problema número uno, y aunque es cierto que en términos históricos nunca ha estado a niveles tan bajos, también lo es que la economía española jamás se había encontrado tan abierta a la competencia internacional. Desde el primer trimestre del 2004, el diferencial de inflación con nuestros socios comerciales más importantes se mantiene alrededor de dos puntos porcentuales, y esto quiere decir que en tan sólo un quinquenio el diferencial de inflación acumulada puede sobrepasar el 12%. Si esto se redujese a unos pocos casos, la destrucción de beneficios, inversión y empleo no pasaría de ser un problema sectorial, pero una mirada a la estructura del déficit comercial demuestra que el problema se extiende peligrosamente hasta afectar a muchas actividades, y que el asunto deja de ser un problema 'micro' para convertirse en algo sistemático y de graves consecuencias sobre el empleo y el crecimiento.

La Administración



Todos los gobiernos democráticos, sin excepción, han efectuado propuestas voluntaristas sobre la reforma de la función pública, inevitable si de verdad se quiere modernizar las distintas administraciones. Pero en todas las ocasiones, la proyectada reforma se ha quedado en nada por la sencilla razón de que pasa por la reducción de privilegios y tropieza con la evidente fuerza electoral de casi dos millones y medio de trabajadores públicos. Y, una vez más, la propuesta del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público que acaba de ser presentada por el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla sigue los mismos derroteros de anteriores intentos. La advertencia del ministro, a los funcionarios de que se acabaría el «tener el cargo asegurado de por vida» tuvieron que ser rápidamente matizadas y reconducidas en el sentido de que la ineficacia tendría efectos de pérdida del cargo pero no del puesto de trabajo. La Administración socialista pretende introducir criterios de evaluación periódica del trabajo de los funcionarios, de la que dependería su estabilidad; también, modernizar los métodos de selección, reformular el derecho de negociación colectiva e introducir un código ético y de conducta universal.

Este anteproyecto es una oportunidad para implementar los principios de productividad y profesionalidad similar al que se aplica en las democracia mas avanzadas en las que se ha logrado mantener los sistemas administrativos a salvo de los cambios de Gobierno. Para lograr avanzar en esa dirección, lo mas recomendable sería establecer mecanismos de protección de la función pública frente a las presiones partidistas. Hubiese sido más acertado haberse volcado en estimular al trabajador público -hoy prácticamente carente de incentivos- y en promover la formación continua. Son la carencia de motivación y recompensa por el trabajo bien hecho junto a la discrecionalidad política en las designaciones los factores que colaboran al descenso en la productividad y la eficacia de la función pública en las administraciones.