El consejo de administración de Endesa acordó ayer presentar el aval bancario de 1.000 millones de euros que le exige la juez Miriam Iglesias para paralizar la opa de Gas Natural. El órgano de gobierno de la eléctrica recuerda que hay una opa competidora -la presentada por E.ON- sometida al proceso de autorización administrativa, y anuncia que «en interés de los accionistas» podría adoptar otras decisiones en función del desarrollo de los acontecimientos. El consejo de Endesa se ha decantado, en consecuencia, por la estrategia de ganar tiempo.

La paralización de la opa de Gas Natural conlleva que la de E.ON y cualesquiera otra oferta que pudiera presentarse antes del 5 de abril, si bien se tramitan normalmente, queden detenidas en el proceso de mejora en sobre cerrado y la Comisión Nacional del Mercado de Valores exige además que todas las opas culminen al mismo tiempo. Si Endesa quiere que la opa competidora llegue finalmente al mercado tendrá que solicitar el levantamiento de las medidas cautelares que van a imponerse a la opa de Gas Natural.

Si Endesa quiere que la opa competidora llegue finalmente al mercado tendrá que desistir de las medidas cautelares que van a imponerse a la opa de Gas Natural. Lo que no está tan claro es que entonces pueda retirar el aval automáticamente: según fuentes jurídicas, para que esto ocurra se necesita el consentimiento de las otras dos partes (Gas Natural e Iberdrola) y es a la juez a quien corresponde, en última instancia, tomar la decisión.

El consejo de administración de Endesa considera «manifiestamente desproporcionada» la cuantía de la caución exigida por la juez, y va a ejercitar los recursos legales oportunos para obtener su rebaja. También anuncia que podría demandar a Gas Natural e Iberdrola indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en el supuesto de que los tribunales confirmen la existencia de una concertación ilícita entre estas dos empresas.

El plazo para presentar el aval concluye el miércoles 5 de abril a las 15.00 horas. El consejo de administración de Endesa no ha ocultado su satisfacción porque la juez haya reconocido la posibilidad de que existan «graves problemas de legalidad en la opa de Gas Natural» y, particularmente, en el contrato de la gasista con Iberdrola.