EL Tribunal regional Defensa de la Competencia (TDC-CyL) será eficaz si se le dota de ancho de vía europeo, que es estrecho comparado con el español. Es decir, si utiliza los criterios estrictos de organización y procedimiento 'antimonopolio' de Alemania y Reino Unido, por ejemplo, desechando la 'manga ancha' con que se enjuicia en España. Y no por culpa del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), con sede en Madrid. Una laxa interpretación judicial de la ley reguladora 16/1989 esterilizó las medidas cautelares garantes de la eficacia de sus resoluciones. Y permite dilatar hasta ocho años su ejecución, al someterlas a dos recursos judiciales sucesivos, y excesivos, ante Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Hace quince días la Junta anunció su creación, posiblemente para antes del verano. La vengo recomendando en esta página desde principios del 2003, cuando se cumplió el año desde que lo autorizó la ley estatal 1/2002. Galicia, Madrid, Extremadura, País Vasco y Cataluña ya lo establecieron y nombraron a quienes han de servirlo. Ya que no somos los primeros estemos, al menos, entre los más eficaces. ¿Como hacer los deberes?

Se anuncian como funciones del TDC-CyL ordenar la cesación de conductas prohibidas y del abuso de posición de dominio en el mercado regional pudiendo imponer, por añadidura, multas punitivas y coercitivas, estas por cada día de retraso en cumplir lo ordenado. Entre las prohibidas, las más frecuentes y dañinas son los acuerdos entre competidores para fijar precios y condiciones de venta así como las exclusivas de zona. La consecuencia es que los bienes o servicios que necesitan empresarios y consumidores -incluida el ama de casa- se venden a precios inflados artificialmente o con menores alternativas de elección. Ello causa unos costes globales equivalentes a un recargo del 20 al 30%, con el correlativo enriquecimiento injusto de los monopolistas, sin contar que desincentivan la innovación y la mejora de calidad. ¿Para qué, si el mercado lo tengo cautivo!.

Llega a tiempo el TDC-CyL de recuperar para Castilla y León estos costes materiales y funcionales de la 'no-competencia', algunos visibles y otros 'hundidos'. Si lo consigue, contribuirá a paliar las deseconomías del 'nuevo escenario'. Me refiero a la reducción de fondos europeos y ayudas públicas que como regla general prohíbe el Tratado de la Unión. Y a la merma del Fondo de Solidaridad Interterritorial impuesta por el nefasto estatuto catalán aprobado el jueves y los que vengan detrás. Para mantener un mínimo de agricultura e industria -además de innovar- habrá que mejorar la productividad. Y esta depende esencialmente de los costes de producción y por tanto del precio de componentes y servicios, hinchado por tales prácticas monopolísticas. Este nuevo escenario bien vale un eficiente tribunal regional.

Dótese pues de suficientes medios personales y materiales. No es, por cierto, lo que apunta la noticia publicada en este periódico el pasado 20 de marzo sobre el proyecto de Ley que elabora la Junta. Le asigna un presidente y dos vocales, sin dedicación exclusiva según se deduce de la carencia de retribución. Y eso que la experiencia del TDC nacional hace presumir una tarea abrumadora para el de Castilla y León si cumple sus deberes. Hoy buena parte de los expedientes del TDC sancionan conductas de ámbito regional y municipal, o de naturaleza común a la economía de cualquier región española incluso surgidas acá.

Tan parco equipo de tres personas no funcionará sin dedicación plena imposible de suplir por el celo de unos, aunque prestigiosos, pluriempleados. Conviene que el proyecto de Ley 'esbroce' - como dicen en Villafrechós - sus funciones acotándolas a examinar las citadas conductas prohibidas que afectan a precios y dejando al TDC el juzgar abusos de dominio, y a la jurisdicción civil la competencia desleal conforme a la Ley 3/1991.

Permítanse otras tres sugerencias a quien presidió durante nueve años el Comité de Defensa de la Competencia de la CEOE y tuvo el atrevimiento de impulsar el funcionamiento y reforma del TDC nacional. Alguien calificó a mi Comité de actuar «contranatura» habiendo tanto monopolista entre sus filas y el tiempo le dio la razón ya que fue disuelto por la patronal en 1998. La primera y primordial es asegurar la independencia del TDC-CyL tanto frente a la Junta que lo promueve como a los empresarios y grupos de presión. Malamente podrá un tribunal nombrado por la Administración enjuiciar la conducta de organismos de ella dependientes como agencias y empresas públicas al producir, también, bienes y servicios sujetos a su 'lupa'. Para asegurar la independencia de su presidente y vocales aparte de retribuirlos con suficiencia es necesario nombrarles por un largo periodo, siete años, por ejemplo -que les hará inmunes a los cabreos oficiales-, y sin prorroga que les dispense de 'ganarla dócilmente' en la primera fase del mandato. Y conviene sean designados por un órgano independiente del Ejecutivo regional tal que el Parlamento, proponiendo la Junta la terna de candidatos. Una edad madura, entorno a los 60 años, sosegará ambiciones y añadirá libertad de juicio.

La segunda sugerencia es facultar al TDC-CyL para emitir informes a la Junta sobre liberalización y desregulación de sectores sujetos a la reglamentación autonómica. Esta clase de informes prestigiaron al TDC madrileño en su época dorada entre 1994 y el 2000 cuando lo presidían Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Amadeo Petitbó; propiciaron la privatización de numerosas empresas públicas y la liberalización total o parcial de los transportes aéreos, telecomunicaciones, energía y profesiones. Y la tercera, facultar al tribunal para dictar medidas cautelares encaminadas a suspender las prácticas que tengan apariencia inicial de ser monopolísticas, sorteando la jurisprudencia que las ha ido invalidando.

Confiemos que en la región funcione no solo el 'nodo' o enlace con la alta velocidad ferroviaria europea que apalancará su economía, sino también un tribunal 'antitrust' de altas prestaciones y de ancho europeo que tire de ella por la vía de la libre competencia.