MIENTRAS los ayuntamientos y las comunidades autónomas no tengan una financiación adecuada no podrán renunciar a vender el suelo que poseen, que es la mayor parte del territorio nacional. No parece razonable que pueda pedírseles que no lo vendan a precios de mercado, pues si lo hicieran no estarían velando por el interés público que la ley les encomienda. La facultad que tienen y ejercen las 17 autonomías españolas de establecer su propia Ley del Suelo, y los 8.000 ayuntamientos de establecer sus particulares planes urbanísticos contribuyen fervorosamente a encarecer el suelo. Dado que la repercusión del precio del solar alcanza ya el 50% del valor de una vivienda; teniendo en cuenta que se construyen más de medio millón cada año; recordando que la construcción aporta al PIB casi el 18%, es decir unos 180.000 millones de euros al año, calculen ustedes mismos la barbaridad de dinero que representa la posibilidad de recalificar un terreno, autorizar un plan parcial de ordenación urbana y mirar hacia otro lado mientras se cometen tropelías urbanísticas.

No hay manera de resolver el problema mediante una nueva ley estatal del suelo porque el Tribunal Constitucional declaró en el 2001 que dos artículos y la disposición final de la Ley del Suelo estatal de 1998 invadían las competencias autonómicas en materia de urbanismo y modificaban las formas de ejercer el derecho de transformación por el propietario. Ya en 1997 había invalidado más de 200 artículos de la de 1992. Pero si seguimos obligando a los ayuntamientos a que se financien haciendo 'urbanismo' estamos perdidos. Y si no lo hacemos, también. Todos sabemos que parte del inmenso dinero que genera el suelo puede ir a la financiación ilegal de los partidos y al enriquecimiento personal delictivo de quienes manejan los hilos del guiñol. Así que, cuando se desvelan casos como los de Marbella, lo único que podemos hacer es lo que hizo el santo Job: rasgarnos las vestiduras.