EL Ayuntamiento de Marbella ha creado una alta escuela de corrupción municipal, cuyos alumnos más aventajados, como el ex gerente marbellí de urbanismo, don Juan Antonio Roca, habrían impartido cursillos de capacitación en una amplia zona del litoral mediterráneo. En esos cursillos se estudiaba el arte de convertir súbitamente en oro las licencias de construcción, y como asignaturas suplementarias figuraban el soborno judicial, para la desaparición de sumarios; las zalemas a políticos locales de vanidad no controlada, y las diversas formas de hacer cómplices a personas inicialmente honestas.

Faltaba en esa cultura de grandeza rufianesca la fijación de un límite, a partir del cual ni la red de complicidades, ni el poder del dinero, ni algunos déficit de moral en policías y juzgados locales podrían evitar que la ley, en un momento dado, exigiera su obligado cumplimiento. Y como el momento ha llegado, Marbella es desde hace tres días un escenario en el que la justicia exige a los delincuentes que rindan cuentas.

No se trata, como se encargan de precisar los medios de comunicación, audiovisuales especialmente, de rateros de poca monta o del cohecho menor del funcionario al que no le valió de nada la noche anterior un trío de ases contra un póquer de nueves. Esta gente colecciona caballos con probada pureza de sangre, automóviles de lujo, lienzos que alcanzan cifras astronómicas en las subastas o sacas con miles y miles de euros. La policía estima que lo confiscado hasta ahora a los detenidos se valora en 2.400 millones de euros, con las mil cuentas corrientes bloqueadas, se entiende.

Todo el mundo occidental sigue estas operaciones de la justicia en Marbella con perceptible inquietud, por la facilidad con que se ha extendido la plaga, no solo dentro del municipio marbellí, sino a su entorno, y aún más, como demuestran las denuncias que brotan como hongos tras la lluvia de primavera, en Orihuela, Cartagena o Los Alcázares, donde la corrupción municipal, aunque presunta, parece haber perdido la gracia de la presunción. Y es que los ayuntamientos son lugares donde una simple firma, en el documento preciso y por la autoridad indicada, puede proporcionar al firmante sin el menor riesgo físico más dinero que el atraco a un banco.

Ocurre, además, que en casi todos los ayuntamientos la mayoría de licencias de construcción a cambio de dinero, es decir, con cohecho, no benefician tanto a la autoridad municipal que las concede como al propio ayuntamiento, cuyo presupuesto necesita vender suelo con 'mordida', como diría un mexicano, para no ofrecer resultados de quiebra. Y sobre estas prácticas, por su complejidad y lo costoso de su solución -para las arcas del Estado- se hace tanto la vista gorda, que algunas, varias o muchas veces la llamada comisión por la licencia va entera a un bolsillo particular. En Marbella, por el contrario, el destino de toda la corrupción ha ido a parar a bolsillos premeditadamente fabricados para beneficiarse del expolio a la ciudad.

En la escuela marbellí, con sus prosélitos por el litoral mediterráneo, va a demostrar si, aunque tarde, el Estado de derecho tiene capacidad para erradicar esa pornografía municipal de nuestro panorama social. La cúpula de la judicatura debiera vigilar la actuación de cada juzgado que se vea implicado en un asunto de corrupción, para que no vuelvan a desaparecer sumarios ni una juez vuelva a sentir por los delincuentes una excesiva debilidad, como en Marbella ha sucedido.