EL proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña logró ayer superar la aprobación del Congreso por 189 votos a favor frente a 154, con los votos en contra del Partido Popular, Esquerra Republicana y Eusko Alkartasuna. El debate reflejó la dura confrontación política entre PSOE y PP que ha provocado la gestación de una ley orgánica que, después de años de elaboración, saldrá adelante con un menor consenso que el Estatuto de Sau. El proyecto cuenta con un solvente respaldo en Cataluña, al refrendarlo las dos formaciones con mayor representación en la comunidad, PSC y CiU, pero la rotunda oposición del Partido Popular le ha dado un tinte de nacionalismo excesivo ante el resto de España. Un extremo que, paradójicamente, desmentiría el voto contrario de ERC, que, incluidos movimientos tácticos, refleja el profundo cambio experimentado por el texto del Parlamento catalán durante la tramitación parlamentaria.

No cabe duda de que la piedra de toque del Estatut, más que su paso por el Senado, estará en el referéndum con el que la ciudadanía catalana sancionará la conveniencia o no del proyecto que salga de las Cortes. Una consulta determinante para calibrar tanto su grado de aceptación como su consistencia para ser un elemento vertebrador de la sociedad de Cataluña del siglo XXI. La otra gran prueba será su implementación en el conjunto de España; si, como dicen las formaciones que ayer votaron afirmativamente, es un factor de modernización y revitalización del Estado autonómico, o si, como defiende la oposición popular, es un elemento de ruptura de España y de pérdida de cohesión y solidaridad interterritorial, además de una ley inconstitucional; imputación que, por su gravedad, debería ser solventada por las más altas instancias judiciales.

Los reformados estatutos de Valencia y Cataluña marcarán la pauta de las siguientes modificaciones y que el 'modelo catalán', por lo que supone de mayor margen de descentralización política y funcional, será un referente inexcusable. Una circunstancia que debería ayudar a soldar las radicales divergencias ayer patentizadas en el Congreso. El hecho de que el sistema de financiación, un asunto crucial, deba ser pactado en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado brinda una excelente oportunidad de avanzar hacia estas políticas de convergencia. Porque el camino abierto ayer no acaba en Cataluña, sino que debe concluir en una formulación del Estado constitucional estable y equilibrada y apoyada en el consenso de sus principales fuerzas políticas. Un mandato que tanto PP como PSOE deberían cumplir.

Aplicación del derecho

La resolución del juez Grande-Marlaska, imponiendo fianzas para eludir el encarcelamiento a los dirigentes de la izquierda aberzale Otegi, Olano y Petrikorena, respondió a los criterios de fondo de la fiscalía. Esta había recordado que, con arreglo a la ley, la adopción de medidas cautelares de prisión debía prevenir un riesgo cierto de fuga, la eventual destrucción de pruebas inculpatorias o la posible reiteración de delitos. En la medida en que los dos primeros supuestos se desvanecen tras la declaración de alto el fuego permanente por parte de ETA, resulta lógico que, aun aumentando la cantidad solicitada por el ministerio fiscal, la Audiencia Nacional haya optado por asegurar que los imputados estarán a disposición del juez mediante la garantía de una cuantiosa fianza. En cualquier caso, lo sucedido deja en evidencia la inclinación del fiscal general del Estado Conde-Pumpido a pronunciarse públicamente sobre cuestiones relativas a la actuación inmediata del ministerio fiscal e incluso de los jueces. Una forma inconveniente de comunicación en tanto que asimila sus declaraciones al foro público más que al riguroso y delicado cometido que le compete dentro del funcionamiento de la Justicia. Fuese cual fuese la resolución del juez Grande-Marlaska, su actuación no podía haberse visto condicionada por más argumentos de coyuntura que aquellos que afectan a la aplicación de la prisión provisional. Aunque la reiterada actividad desarrollada por Otegi y los demás dirigentes de las organizaciones ilegalizadas de la izquierda aberzale probablemente continúe representando un desafío permanente al Estado de Derecho.

Está claro que la sociedad vasca y el conjunto de la española contemplan con una esperanza más o menos acusada el inicio de un tiempo que pudiera conducir a una paz definitiva. Pero esa confianza ciudadana quedará defraudada si al silencio de las armas le acompaña la altanería o la provocación de una izquierda aberzale tan acostumbrada a conducirse entre la legalidad y la ilegalidad que el Estado de Derecho no podrá permanecer impasible ante la insistente y retadora presencia pública de formaciones situadas fuera de la ley.