La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y otras 19 personas fueron detenidas ayer por agentes de la Policía Nacional en el transcurso de una amplia operación contra la corrupción en el ayuntamiento de la localidad malagueña. La denominada 'operación Malaya', dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y la Fiscalía Anticorrupción, se inició el pasado mes de noviembre, a raíz de las investigaciones del 'caso Ballena Blanca'.

Junto a la alcaldesa fueron detenidos dos concejales; el asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca; el secretario del ayuntamiento, Leopoldo Barrantes, y otras trece personas, una de ellas en Murcia y otras nueve en despachos de abogados de Madrid, donde fueron registradas las dependencias de un gabinete jurídico que podría amparar a supuestos testaferros de Roca en las operaciones urbanísticas sospechosas.

La investigación judicial tiene ramificaciones, además, en Huelva, Málaga y Cádiz. La policía, que no descarta más arrestos en las próximas horas, bloqueó más de mil cuentas bancarias y realizó 20 registros en las citadas localidades. Tomás Reñones, antiguo jugador del Atlético de Madrid que presidía Jesús Gil, y del que fue su capitán, accedió ayer a la alcaldía en su condición de segundo teniente de Alcalde y ante la ausencia de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que está de viaje de luna de miel.

Las primeras pistas aparecieron merced a unas escuchas telefónicas autorizadas por el juez Miguel Ángel Torres para desarticular la mayor red de blanqueo de dinero del narcotráfico que actuaba en España. Algunas de las conversaciones grabadas por la Policía pusieron sobre aviso a los investigadores sobre la existencia de un complejo entramado societario que podría ocultar numerosas actividades delictivas.

Unos 150 policías judiciales y de la Unidad de Intervención Policial (UIP) realizaron al menos una quincena de registros desde las nueve de la mañana en el propio ayuntamiento marbellí (que fue desalojado) y en otras dependencias municipales, como la Sociedad de Planeamiento Urbanístico. Asimismo, se realizaron registros en las viviendas particulares de Yagüe y Roca. Además, agentes de la jefatura local se presentaron en el despacho del superintendente de la Policía Local, Rafael del Pozo.

Registro en el chalé

En el chalé 'La Madrugada', propiedad de la alcaldesa, erigido en una urbanización de las afueras de Marbella y cuyas vías de acceso fueron cortadas durante algunas horas por el despliegue policial, los agentes intervinieron diverso material, como una mochila, dos torres de ordenador precintadas y dos vehículos. Más de una veintena de agentes de uniforme y de paisano entraron en la vivienda de la primer edil marbellí para iniciar el registro. Antes, hicieron salir del edificio a los operarios que están reformando la casa.

Las investigaciones, informa la Policía, revelan la participación de numerosas personas en varios delitos como malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Según fuentes de la investigación, la operación desatada ayer no tiene relación directa con la querella que en septiembre del 2005 la Fiscalía Anticorrupción presentó ante los juzgados marbellíes, en la que acusó de prevaricación a la propia alcaldesa y a los entonces tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Carlos Fernández por una permuta de áticos del municipio con la empresa Construcciones Brick 2000, que se realizó a espaldas del consistorio y sin respetar el procedimiento administrativo común.

La gestión municipal urbanística de Marbella estaba siendo vigilada muy de cerca por la Junta de Andalucía, tras varios escándalos de especulación que implicaron en procesos judiciales a los dos antecesores de Yagüe: Julián Muñoz y Jesús Gil.

Hace cuatro meses, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, ordenó la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento, medida que entró en vigor el 12 de diciembre del 2005, primer día de aplicación de la nueva Ley de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma que faculta a los ejecutivos regionales a retirar las competencias a los ayuntamientos que vulneren la legalidad en materia de ordenación y planeamiento de suelo. A este respecto, los informes realizados por la Consejería de Obras Públicas proponían la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento durante cinco años.