Los ayuntamientos tendrán la obligación de reducir en dos años su temporalidad laboral y bajarla del 30 al 10%, según el anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público, cuyas líneas generales presentó el ministro del ramo, Jordi Sevilla, en el Congreso de los Diputados.

La norma, es un mandato constitucional, que el Gobierno piensa sacar adelante este año, pero para ello tendrá que abrir negociaciones con la casi totalidad de los grupos parlamentarios, puesto que el actual texto solo satisface al socialista. Fuentes próximas al Ministerio explicaron que en la actualidad la Administración Central y las comunidades autónomas mantienen el compromiso de reducir la temporalidad laboral por debajo del 10%, según acordaron los representantes territoriales y del Ministerio en una reunión celebrada en Murcia. La medida se incorporó después al acuerdo suscrito entre la Administración Central, CC. OO., UGT y CSI-CSIF. Los mismos portavoces matizaron que ahora bajar la temporalidad no pasa de ser una recomendación.