Esta tarde el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, informarán a las comunidades de cómo se repartirán los 200 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado del 2006 para la atención a las personas dependientes.

Andalucía y Cataluña dispondrán de las mayores partidas. Entre ambas suman el 32% del crédito seguidas, por este orden, por Madrid, Valencia y Galicia. Las que menos dinero recibirán, aparte de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, serán La Rioja, Cantabria y Baleares, con el 4,4%. Castilla y León aparece situada en mitad de la tabla autonómica, con algo más de 16,7 millones de euros que suponen el 8,3% del total.

Esta distribución ha sido pactada entre el Ejecutivo y las autonomías siguiendo un «índice de dependencia», es decir, teniendo en cuenta la población de personas que no pueden valerse por sí mismas de cada comunidad, una cifra que se ha obtenido a partir de los planes de acción de personas mayores y con discapacidad que se han aplicado en los últimos años.

Caldera también anunciará los criterios para usar el dinero en proyectos piloto sobre dependencia. En principio, las regiones deberán destinar entre el 5% y el 10% a contratar personal de servicios sociales y a los equipos de valoración que determinarán quién es dependiente. Otro 10% como máximo será para impulsar la teleasistencia, el 40% para ayuda a domicilio y hasta el 60% para concertar con el sector privado nuevas plazas de centros de día y residencias.