Las subvenciones que concede la Junta para estimular la contratación de trabajadores no se promocionan lo suficiente, en especial entre las empresas. Esta es una de las principales conclusiones de la evaluación del II Plan Regional de Empleo, el documento consensuado por el Ejecutivo autonómico, CC. OO., UGT y la patronal Cecale que marca la política laboral de Castilla y León. De ahí que la consultora externa que ha realizado el informe, Idom, les aconseje mejorar la difusión de las ayudas y, junto a esto, que incluyan medidas que permitan consolidar las plazas creadas por las entidades locales en los pueblos.

Con todo, la valoración global del plan -terminada a finales del 2005 y solicitada reiteradamente en las Cortes por el PSOE- es satisfactoria, «no solo porque facilita la creación de empleo, sino también porque mejora las condiciones de trabajo en la comunidad». De hecho, durante sus tres años de vigencia (2001-2003) la Junta incentivó 28.125 nuevos puestos de trabajo, si bien el grueso de ellos eran precarios. En concreto, 13.443 (48%) tuvieron carácter temporal, frente a los 11.303 estables (40%) y a las 3.379 experiencias laborales (12%), es decir, prácticas y formación en alternancia.

Contratos indefinidos

Junto a esto, las distintas líneas de ayuda del II Plan Regional de Empleo posibilitaron la transformación de 5.244 contratos de duración determinada en indefinidos, lo que representa el 13,4% de las relaciones laborales de este tipo que se formalizaron en Castilla y León durante el periodo analizado. Del área de formación destaca que se han organizado más de 1.300 cursos y actividades educativas, a los que asistieron en torno a 22.437 personas durante el trienio examinado. En conjunto, «ha habido más de 7.000 beneficiarios y casi 76.000 destinatarios de las acciones financiadas».

El estudio de Idom incide también en el alto grado de ejecución del presupuesto, que cifra en el 94,6%, pero al tiempo llama la atención sobre el hecho de que en algunos programas no se alcanzaron los objetivos previstos, como en el destinado a la transformación de los contratos temporales de mayores de 30 años en indefinidos. El gasto total fue de 131,7 millones, de los que el 70% se invirtieron en acciones de empleo, el 20% en formación y el resto en seguridad y relaciones laborales.