Dos meses después de la salida de las 500 cajas del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca con destino a Cataluña, la polémica vuelve a estar servida. Después de que personal del centro haya informado de la presencia de cuatro archiveros de la Generalidad desde el pasado lunes para analizar las 1.800 cajas comprendidas en la Sección de la Brigada Político-Social incautadas en Barcelona, la Consejera de Cultura, Silvia Clemente, remitió ayer una carta a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, en la que le transmite su malestar por estas actuaciones.

En concreto, Clemente reclama al Ejecutivo central «toda la información existente» sobre la Comisión Mixta Gobierno-Generalidad, que según la ley del pasado 17 de noviembre se tenía que crear en el plazo máximo de dos meses y cuya tarea sería la identificación de los documentos que abandonarán las estanterías del Archivo, fondos documentales y otros efectos. La consejera de Cultura quiere saber «la programación de sus trabajos, qué método va a seguir y si ya ha empezado el proceso de identificación», información que pretende compartir con todas las partes representadas en el Patronato del Archivo de la Guerra Civil, motivo por el cual ha solicitado la «convocatoria inmediata» de este organismo.

Silvia Clemente exige asimismo a Carmen Calvo que le detalle los trabajos concretos que realizan los cuatro archiveros y «quiénes son los archiveros contratados por el Ministerio de Cultura para contrastar las identificaciones que realicen los enviados por el Ejecutivo catalán».

Según las mismas fuentes del centro, estos cuatro expertos no son nuevos en el Archivo, ya que habían realizado anteriormente los trabajos previos de identificación de legajos catalanes en los meses previos a la salida de las primeras 500 cajas. Al parecer, los archiveros de la Generalidad permanecerán en Salamanca un mínimo de seis meses, según habrían comunicado al propio centro, y tras el estudio de las 1.800 cajas de Barcelona analizarán también los documentos archivados en la Sección Militar del Archivo, otras 1.900 cajas. También está previsto que realicen tareas de identificación de las 2.700 cajas de la documentación incautada en Madrid.