TRABAJADORES de la Generalitat, afiliados o próximos a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), han recibido un requerimiento del partido en el que se les exigía la entrega de un 20% de su salario a modo de cuota para contribuir a financiar a la organización bajo la amenaza de perder el empleo. La medida es ulterior a una modificación del reglamento interno de la formación que lidera Carod Rovira, y el cambio permite a la dirección del partido expulsar y destituir a sus altos cargos en la Administración pública que incumplan la obligación de aportar sus cuotas según la forma establecida. El asunto ha suscitado comprensibles críticas después de que se supiera que entre los destinatarios de las cartas figuraban también simples funcionarios junto a cargos de confianza en el Gobierno de la Generalitat nombrados por decisión de Esquerra.

Nada hay que objetar a que los partidos exijan a sus afiliados que cumplan determinadas obligaciones, y aun sería encomiable que las fuerzas políticas prodigaran estas exigencias en lugar de tratar de conseguir recursos por vías con frecuencia subrepticias. Pero en este caso la avidez traicionó al ERC, ya que los ciudadanos han podido percibir un intento de irregularidad administrativa en forma de concesión de cargos a cambio de dinero.

La financiación de las organizaciones políticas es en este momento fundamentalmente pública, pero los crecientes gasto la convierten en crónicamente insuficiente. El modo en que los partidos sufragan sus gastos es un asunto aún no resuelto en España, algo que resulta preocupante porque ha provocado en el pasado reciente graves escándalos. Es esencial que las formaciones parlamentarias consigan el consenso necesario para perfeccionar el modelo vigente. Pero, entretanto, conviene atajar la sospecha de prácticas de apoderamiento desde el Gobierno de Cataluña de una parte del empleo público para utilizarlo en estrategias clientelares y de financiación particular. El hecho de que se puedan establecer conjeturas razonables sobre la utilización de estas informaciones por parte de adversarios políticos como munición en la lucha por el poder no resta gravedad a los hechos conocidos. Solo una investigación de oficio, como ha planteado CiU, puede llevar la tranquilidad a la opinión pública.

Estrategia palestina

El primer ministro palestino, Ismail Hanniya, ofreció ayer en el discurso de su investidura algunas indicaciones de lo que serán las líneas maestras de su Gobierno y sorprendió al anunciar, por un lado, su aceptación de las fronteras de 1967 para solucionar el enfrentamiento con Israel y, por otro, al trasladar su disposición para hablar con el Cuarteto sobre la frágil situación que atraviesa el proceso de paz. Pero este grupo mediador lo forman EE. UU., la UE, las Naciones Unidas y la Federación Rusa, por lo que, como representación genuina de la comunidad internacional, solo pueden aceptar que Hanniya reconsidere su negativa a reconocer el derecho a la existencia del Estado de Israel y se avenga a resolver el conflicto por la vía de la negociación, en ausencia de toda violencia, con el Ejecutivo que surja de las urnas a las que hoy están llamados los israelíes.

Hanniya puede creer que sería capaz de romper la unidad de criterio del Cuarteto tras algún gesto recibido de Putin. Pero el líder ruso, como miembro del equipo que administra la Hoja de Ruta, tratará de ceñirse a los fundamentos de la misma. Por otro lado, el inminente Ejecutivo palestino estará solo en la singladura política que comienza -no logró ni un voto fuera de la estricta obediencia islamista- y, aunque su mayoría absoluta garantiza la investidura del Gabinete, Hanniya debería calibrar lo que ello significa. Al fin y al cabo, la OLP, de la que Hamás no forma parte, representa históricamente al conjunto del pueblo palestino y ha dado continuidad a su causa.

El primer ministro de Hamás está lanzando también un guiño a las filas árabes -que hoy abren en Jartum la Cumbre de la Liga de los Estados Árabes- en busca de financiación para paliar una acuciante falta de fondos. La convergencia hacia la política posible que se le exige al Ejecutivo de Hanniya debe calibrar, igualmente, la posibilidad de que un Gabinete palestino incapaz de sostener sus instituciones busque apoyos en lugares peligrosos para el difícil equilibrio de la zona.