CUANDO se acaban de cumplir 30 años del golpe de Estado que instauró una de las dictaduras más crueles del cono sur americano, la sociedad argentina ha vuelto a recordar al mundo que se niega a practicar ningún tipo de ejercicio de amnesia colectiva, por útil que pareciese, y se ha lanzado masivamente a las calles para que no se olviden de sus más de treinta mil desaparecidos. Esa imparable corriente reivindicativa es la que ha conseguido tras años de presión moral que el Congreso y el Senado, primero, y la Justicia, después, anulasen las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Y el presidente Kirchner autorizó esta misma semana, como parte de su firme política de impulso a los derechos humanos y con el fin de agilizar las investigaciones por la represión, el acceso a los archivos de las fuerzas armadas.

La dictadura militar que encabezó el general Videla fue, además de un atropello constitucional y un absoluto desvarío moral, un error gigantesco: los 'teóricos' de la doctrina de la seguridad en un marco de guerra fría internacional actuaron parapetados tras un integrismo religioso que no era más que una pantalla con la que ocultar a su pueblo las atrocidades que cometían. Desmanes de tal calibre que, si en algún momento pudo haber habido la más remota excusa para que los militares se levantasen contra el régimen populista de María Estela Martínez de Perón, que había alcanzado el cenit del descrédito y el caos socioeconómico -la inflación rozaba el 300% y los asesinatos políticos eran diarios-, esta se perdió irremisiblemente con los primeros actos de represión que terminaron instaurando un verdadero régimen del terror.

Las tesis que defienden procesos de reconstrucción sobre la base de pasar página -juiciosas en general- no eran aplicables en el caso argentino. De hecho, las políticas de los presidentes Alfonsín y Menem no fueron sino amnistías encubiertas que no podían servir, por la sencilla razón de que dejaban a los damnificados por el golpe militar como los grandes perdedores. Sin mencionar el agravante imperdonable de dejar sin castigo sucesos tan sangrantes como el sistemático rapto de los bebés recién nacidos de madres 'desaparecidas'. Argentina no tenía otro camino que oponerse al triunfo de la impunidad. Y lo ha conseguido.

Semántica bioética

De las explicaciones ofrecidas al término del último Consejo de Ministros sobre lo que será una futura Ley de Investigaciones Biomédicas, solo cabe deducir la complejidad de legislar sobre la clonación terapéutica y, a la vez, el afán del Gobierno por visualizar sus intenciones en ese sentido. De momento, el Ejecutivo ha dado a conocer un borrador de lo que serán líneas maestras de un proyecto que aún ha de someterse a consulta de instituciones científicas y comunidades autónomas, pero que la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ya ha mostrado estar más que dispuesta a aprobar a finales de este año. El amplio recorrido que le espera a la futura norma está marcado por la discusión ética y jurídica en torno a la investigación que se va a autorizar. En rigor no se debe hablar de clonación terapéutica sino de transferencia nuclear. Recurso semántico empleado por muchos científicos para evitar la carga negativa del término clonar, aunque detrás de ambas denominaciones exista la misma técnica.

La clave de la polémica se encuentra en que el conjunto celular creado en los primeros días no es considerado por muchos científicos como embrión sino como su fase previa, esto es, un blastocisto; los opuestos a esas prácticas, empezando por la Iglesia católica, no admiten sin embargo tal diferencia y mantienen que todos son embriones portadores de vida humana.

Llámese clonación o transferencia, lo cierto es que miembros relevantes de la comunidad científica, pese a que las garantías de éxito de esta línea de investigación están lejos de poderse garantizar, reclamaban su legalización con severos criterios técnicos, jurídicos y éticos. Y así parece querer hacerlo este Gobierno, convirtiendo España en el cuarto país europeo en autorizar esas investigaciones. Lo más preocupante es que existe el riesgo de que esa ley termine siendo un puro brindis al sol al permitir unas líneas de investigación necesitadas de altísimas dotaciones económicas en un país que está muy lejos de apoyar a la investigación y sus profesionales.