Dos miembros del Gobierno, Bono y López Aguilar, han amonestado públicamente al fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, por unas declaraciones en las que, horas después de conocerse el anuncio de tregua de ETA, expresaba su intención de pedir a los jueces y magistrados «una reflexión serena» sobre las nuevas circunstancias políticas a la hora de adoptar medidas cautelares. Es evidente que, por imperativo del Código Civil, los jueces tienen que tener en cuenta las circunstancias a la hora de interpretar las leyes, y que esta valoración debe sobre todo manifestarse en la adopción de medidas cautelares (no es lo mismo dejar en libertad condicional a un cooperador con una banda terrorista cuando esta mata o cuando ha dejado de hacerlo), pero ni el Ministerio Fiscal es el adecuado para recordar semejantes obviedades ni es sensato sugerir tales asuntos delicados.