Los concejales de la UPL en el Ayuntamiento de León sospechan que el encargado de Hacienda en el consistorio, el popular Francisco Saurina, está maquillando las cuentas municipales para aparentar que la deuda que está acumulando su gestión es más pequeña de lo que supone en realidad.

La edil leonesista Gemma Cabezas, encargada de la parcela económica con el anterior equipo de gobierno, asegura que hace más de un mes que ha pedido formalmente el balance con el que se cerraron las cuentas del consistorio el año pasado y todavía no se las han facilitado.

Además, estamos a mediados de marzo y todavía no solo no hay un presupuesto aprobado para este año, sino que ni siquiera se le ha presentado a la oposición un borrador con los principales datos que se contemplan.

Por eso, acusan del concejal de Hacienda de ocultar las cifras y de tratar de engañar a los vecinos para que la deuda no sea muy escandalosa.

Desde la UPL calculan en unos treinta millones de euros el dinero que diversas cajas de ahorros y bancos están pagando a proveedores del ayuntamiento con los que el consistorio adeuda determinados servicios prestados.

Se trataría de préstamos y créditos que el equipo de gobierno está contratando para evitar que los proveedores corten su suministro en tarea fundamentales para el trabajo diario, pero supondría un nivel de endeudamiento cercano al 140% del presupuesto manejado el año pasado, algo que la ley no permite y que impediría que se puedan pedir más préstamos para hacer obras e inversiones importantes en la ciudad.

Sin registro

Además, los leonesistas aseguran que hay facturas y pagos pendientes de los que se tiene plena constancia cuyas facturas y recibos no aparecen registrados por ninguna parte, con lo cual, es imposible a día de hoy conocer con certeza a cuánto asciende la deuda que está acumulando el Ayuntamiento.

Gemma Cabezas desvela que se ha llegado a dar el caso de proveedores que han intentado cobrar su deuda por vía judicial y tras la sentencia de la justicia a su favor, han tenido que esperar porque los documentos del servicio contratado no aparecían en el Consistorio.