LA avalancha de inmigrantes ilegales que con la llegada del buen tiempo arriban a las costas canarias ha hecho que el Gobierno de esta comunidad anuncie la constitución de un gabinete de crisis y que Madrid envíe urgentemente a Mauritania a los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Interior que irán acompañados por un alto responsable designado desde Bruselas. Si hace una semana era una patera -ahora cayucos- con más de 40 inmigrantes la que permanecía a la deriva y se hablaba entonces de medio centenar de muertos solo a finales de febrero, ayer mismo, una veintena de cadáveres eran rescatados de las aguas. En los últimos cuatro días, cerca de ochocientos clandestinos llegaron a las islas y Cruz Roja advierte de un preocupante aumento de la población habitual de Mauritania de casi 15.000 personas, cuando aún no ha terminado el invierno.

Las causas del problema son evidentes y su solución está clara, pero es imposible. La mayor diferencia de renta entre dos mundos que jamás haya conocido la civilización no es fácil de desactivar. Pocas fronteras resistirían el empuje que semejante incentivo supone para toda una generación que no tiene nada que perder en el intento, porque en su país no hay absolutamente ninguna oportunidad a la que agarrarse. Y, aún así, a Europa no le queda otro remedio que acometer tan tremenda tarea si no quiere una explosión social de consecuencias impredecibles.

El reto de los flujos migratorios desde los países pobres a los más desarrollados no es nuevo, pero no son equiparables los fenómenos acontecidos hace medio siglo con los actuales. Y tampoco estamos como al principio. De las experiencias que arrojan los diferentes modelos que se han puesto en práctica en países como el Reino Unido, Francia o Alemania se pueden extraer interesantes conclusiones que nos eviten repetir errores innecesarios. Cuando desde el Ministerio de Trabajo se impulsó una regularización extraordinaria, no exenta de lógica socioeconómica, desde la UE se levantaron voces muy críticas contra el imparable efecto llamada que eso produciría. Se avisó a España de la imperiosa necesidad de aplicar en paralelo estrictas medidas de repatriación de los que permanecieran en situación ilegal. Como era previsible, ha sido imposible llevar a la práctica y ahora pagamos las consecuencias. De poco servirán las patrulleras que ofrecerán los secretarios de Estado a las autoridades mauritanas, el contrabando de seres humanos comienza a ser ya un negocio que rivaliza en rentabilidad con el narcotráfico y lo único que se conseguirá es que las plataformas de salida de los cayucos se desplacen más al sur o, de nuevo, más al norte. Mientras no se gestionen los flujos en origen, compramos tiempo hasta la siguiente oleada, solo eso.

Repsol en Bolivia

La detención y posterior puesta en libertad bajo fianza de los dos principales ejecutivos de Repsol en Argentina y Bolivia, acusados de contrabando de petróleo, ha tensado las relaciones político-comerciales entre Madrid y La Paz. Nadie pone en duda que Bolivia no puede tolerar la existencia de conductas ilegales, pero la importancia comercial de una empresa como Repsol aconseja actuar con cuidado antes de arrojar sospechas sobre sus actividades y convertir meras infracciones aduaneras en delitos de mayor calado. Asimismo, el monto de la operación -cerca de siete millones de euros- no justificaba la aparatosa detención de sus ejecutivos en la zona; máxime cuando ambos habían acudido al país de manera voluntaria.

El Gobierno de Evo Morales es soberano y puede orientar su política por la senda que considere necesaria, pero convendría que -sin menoscabo de la imprescindible independencia judicial- fuese especialmente cuidadoso con situaciones que afectan de lleno a terceros. Las sobreactuaciones dramáticas y radicales son la peor manera imaginable de atraer inversiones extranjeras y financiar así el desarrollo de un país. Y por culpa de una injustificable animadversión hacia la figura de las multinacionales y sus altos ejecutivos, auténticos demonios en el imaginario populista, se puede terminar pagando una dura factura. Las empresas españolas, como muchas otras, tienen en la zona unos intereses que son legítimos y unos activos por los que han pagado y que deben defender de cara a sus accionistas. Y si el derecho les exige, el derecho también les debe proteger. Por el momento, la situación parece haberse reconducido por unos mínimos cauces de sensatez, de los que sería deseable no se volviese a salir.