Los dos grupos mayoritarios en las Cortes de Castilla y León no lograron ayer consensuar una declaración institucional en el parlamento regional respecto a la repercusión de los planes de la Sepi para los centros de Radio Nacional y TVE en la región.

Las diferencias sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo, y las acusaciones populares de «falta de transparencia informativa» de la actual dirección de RTVE provocaron un cruce de acusaciones entre el portavoz del PP, José Antonio de Santiago, y el socialista Francisco Ramos.

Aunque ambas formaciones rechazan el «recorte de la programación de RTVE en la comunidad», el PSOE se desmarcó de la propuesta popular, que sí fue respaldada por el leonesista Joaquín Otero, en donde se introducía el rechazó por parte de la Cámara a la «reducción del empleo».

Los socialistas recriminaron a la Junta que hubiera suprimido hace ahora dos años el convenio con el que se financiaba parte de la programación de RTVE en Castilla y León, después de que se conociera el triunfo socialista el 14 de marzo del 2004. «El PP actúa con un claro cinismo político ya que la no renovación de ese convenio, con un coste de unos 6 millones de euros, dejó en la calle a 22 trabajadores», dijo Francisco Ramos.

La Junta pedirá a la directora del Ente para que explique «este recorte informativo», según anunció De Santiago.