El Consejo de Gobierno reunido hoy en Valladolid acordó dotar a la Red Asistencial al Drogodependiente con 6.040.906 euros, distribuidos entre 21 entidades, para el año 2006, lo que supone un incremento del 8,4 por ciento sobre los recursos aportados en 2005, según explicó la vicepresidenta primera, María Jesús Ruiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

La dotación, que varía en función del volumen de trabajo de cada una de las entidades, se concede a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que forman parte de la Red de Asistencia e Integración Social del Drogodependiente y supone un incremento del 8,4 por ciento respecto al año anterior.

De este modo, las 21 entidades que colaboran en el V Plan regional sobre Drogas y que recibirán dotación económica son Aclad (632.650 euros); Adroga (186.200); Aldama (426.350); Apared (13.500); Ascare Cáritas Regional (602.350); Asociación alcohólicos rehabilitados Burgos (38.350); Asociación para el tratamiento y rehabilitación de alcohólicos (15.500); Asociación Boreal de lucha contra la droga (22.250); Asociación Española contra el Cáncer (162.900); Cáritas Zamora (612.750); Colegio Oficial de Farmacéuticos (22.200); Consejo Comarcal de El Bierzo (246.000); Cruz Roja en Castilla y León (922.350); Deporte y Vida (86.200); Farcal (319.356); Fundación Aldaba (142.900); Fundación CALS (255.200); Fundación Candeal (241.600); Fundación Instituto Spiral (35.300); Padre Garralda-Horizontes Abiertos (95.000) y San Juan de Dios (962.000 euros).

El V Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León contempla como uno de sus principios estratégicos de actuación, la coordinación y cooperación entre las instituciones públicas y privadas como "condición indispensable" para gestionar con eficiencia los recursos disponibles para hacer frente al problema de las drogodependencias.

Por ello, las ayudas permitirán mantener una "diversificada y profesionalizada" red de programas y servicios de prevención y asistencia a drogodependientes a través de los cuales se atiende de forma gratuita y sin tener que soportar listas de espera a un "número importante" de alcohólicos, fumadores y consumidores de drogas ilegales.

Los datos de 2005 reflejan que 2.502 toxicómanos fueron atendidos en centros específicos de primer nivel, 4.924 en centros de asistencia, 603 en comunidad terapéutica y 2.406 fumadores fueron atendidos a través de los grupos de deshabituación tabáquica que se realizan en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.

3.700 alcoholicos y 3.000 familias

Asimismo, un total de 3.705 alcohólicos fue atendido a través de asociaciones de alcohólicos rehabilitados, y 171 a través de centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos.

Además, a través de las subvenciones se apoya a los 18 Programas de prevención familiar -3.000 familias accedieron al Plan en 2005 y se espera que en 2006 la cifra se duplique-, así como programas de prevención escolar, que en el pasado año llegaron a 18.000 jóvenes, y 18 programas de prevención extraescolar.

En esta última línea, Ruiz destacó la labor que se lleva a cabo en las zonas rurales, donde en 2005 ya se reforzó este programa, línea en la que se trabajará también a lo largo de los próximos meses, aunque aclaró que la prevención es "universal" y que debe llegar a todos los colectivos, por lo que recordó la implicación de todos los sectores de la sociedad para llevar a cabo una labor "colectiva".

"En el conjunto total de los programas de la Junta, que tiene un presupuesto en el Comisionado regional para la Droga de más de ocho millones de euros, la aportación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es de 1,5 millones de euros", apuntó la vicepresidente, quien concretó que este presupuesto se ha congelado en los dos años de Gobierno socialista.

La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, establece que la intervención en drogodependencias es una responsabilidad pública a desarrollar en coordinación y colaboración con las entidades privadas.

En el terreno específico de la asistencia e integración social del drogodependiente, la Ley recoge como uno de sus objetivos garantizar la asistencia de las personas afectadas por problemas de consumo y dependencia de las drogas en condiciones de equidad con otras enfermedades, asegurando la calidad y la eficacia de los diferentes servicios y programas integrados en la red asistencial de utilización pública.