EL Gobierno acaba de hacer público su proyecto de ley de reforma fiscal sobre el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y es de suponer que la situación de minoría parlamentaria produzca alteraciones en el documento antes de su aprobación. La reforma del IRPF consiste básicamente en una reducción de tramos, un pequeño recorte de tipos y una revisión del tratamiento de los fondos de pensiones; mientras que el proyecto del Impuesto de Sociedades prevé la reducción gradual de cinco puntos en los tipos y la eliminación de algunas deducciones. La estrategia general del ministro de Economía se centra en una mayor bajada en el Impuesto de Sociedades -que restará 2.500 millones a las arcas públicas- y una más modesta a las familias, cifrada en 2.000 millones. El razonamiento de esta estrategia es que baje lo mínimo la recaudación para hacer frente al colosal gasto público que se le viene encima al Gobierno, y que, de paso, no se recaliente la demanda interna y se agilice en lo posible la competitividad de las empresas.
Hasta aquí, la lógica es impecable. El Ejecutivo ha consolidado el tratamiento fiscal del ahorro unificando las diversas tarifas, ha aliviado la carga a familias de tres o más hijos, y ha dado marcha atrás en el rescate de los fondos de pensiones. Pero quedan importantes dudas por despejar. La primera es que, si el objetivo es evitar la inflación, no se entiende muy bien cómo el incremento del gasto público va a ayudar a aliviar el problema. Solo si este fuese mucho más eficiente que el privado podría darse un incremento no inflacionario de la demanda proveniente de los gastos del Gobierno. Pero lo cierto es que el llamado gasto social ejerce tanta presión sobre los precios como cuando son las familias quienes gastan el dinero.
La segunda incógnita es desvelar el porqué del afán por penalizar al ahorro. Es cierto que se permite ahora rescatar los fondos de pensiones de una sola vez, pero la anulación del 40% de bonificación en el momento del rescate los convierte en meras rentas del trabajo. La gran pregunta es por qué hay que elevar tanto el gasto público. Es inevitable que surjan sospechas sobre compromisos, promesas y vínculos políticos que el Gobierno no ha dado a conocer a los contribuyentes.
Emigración y muerte
Los datos oficiales de inmigrantes ilegales llegados en patera a España, relativos al 2005, arrojan una teórica reducción de las cifras respecto a años anteriores que, sin embargo, parecen contradecirse con el drama real que se vive en las Islas Canarias. El propio delegado del Gobierno ha reconocido que varios centenares de inmigrantes ilegales han muerto ahogados en los pasados meses en su intento de travesía desde África, tragedia que podría ser mucho peor si se dan por buenos los datos suministrados por el representante de la Media Luna Roja en Mauritania, quien afirma que desde noviembre han muerto 1.300 personas en la peligrosa travesía.
En los últimos años y con la entrada de las mafias de traficantes en escena, la inmigración ilegal se ha teñido con la sangre propiciada por quienes han tejido un gran negocio a costa de la absoluta necesidad de sus congéneres. La evolución de la inmigración clandestina obliga a la UE a replantear toda la actual estrategia. Cada día es más evidente que intentar trasladar la responsabilidad de frenar a los ilegales a los países del Norte del Magreb no da resultado. Puede que en las últimas semanas Marruecos haya presionado un poco más de lo habitual a los inmigrantes que trataban de usar su territorio como plataforma de entrada, pero el resultado final es que los inmigrantes siguen atravesando el reino alauí y las mafias se limitan a desplazarse hacia otros lugares de la costa o hacia países como Mauritania. Cuanto más ayuda la UE a los Estados norteafricanos a bloquear las oleadas de inmigrantes, más peligroso se hace el viaje para ellos y más muertos se producen, sin que el flujo migratorio ceda un ápice. La desesperación no entiende de riesgos y la paradoja es que las economías del Viejo Continente necesitan a esas personas. No hace mucho se celebró la segunda Reunión de la Alianza de Civilizaciones, y no sería descabellado pensar que quizá fuese más útil abordar de una vez por todas la solución de un problema en el que Europa se juega mucho más que ser testigo del drama.