EL clima de abierto enfrentamiento que se vive entre el máximo órgano de control de los jueces y el Gobierno socialista experimentaba ayer una nueva vuelta de tuerca con la negativa del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a acudir al Congreso, a instancias de la Comisión de Justicia, para informar sobre las resoluciones judiciales en relación con la acumulación de penas. Ya antes, Francisco José Hernando había trasladado al Congreso sus objeciones a dicha comparecencia, con el respaldo de la mayoría del órgano que preside y el de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, invocando los principios de separación y división de poderes, de un lado, y de independencia del Poder Judicial, de otro.

Ni el Presidente del supremo órgano judicial ni ningún magistrado tienen obligación de dar explicaciones sobre resoluciones adoptadas por un órgano jurisdiccional, pues éstas 'hablan' por sí mismas en la motivación que contienen. Los juzgados y tribunales se deben únicamente a la ley y al derecho y su actuación no está sometida a ningún control externo ni siquiera al parlamentario. Este nuevo choque institucional se enmarca en un clima de hostigamiento hacia la cabeza de un órgano, el Consejo General de Poder Judicial, que ha informado sobre el proyecto estatutario catalán y otras normativas como la creación de los consejos autonómicos y la justicia de proximidad pese a no haber sido solicitada su opinión por la mayoría que apoya al Gobierno de Zapatero. Acusaciones de «rebeldía, desacato y provocación de crisis institucional» incluidas, conviene analizar fríamente un gesto que en el fondo demuestra que la separación de poderes es incuestionable, aunque ahora lo sea en su vertiente más afilada. El PSOE y sus socios, después de la alarma social que los titubeos del fiscal general del Estado provocaron ante la posible excarcelación de los etarras más sanguinarios, han pretendido instrumentalizar la comparecencia del representante de una institución que no es en absoluto condescendiente con sus iniciativas políticas, y trataban así de forzar en el Congreso unas palabras del presidente del CGPJ que pudiesen ser interpretadas en el sentido de que el Gobierno no está interfiriendo -no podría hacerlo en ningún caso- en el cumplimiento de las condenas de los asesinos. Hernando, que podía haber optado por fórmulas menos 'incisivas' hacia la mayoría de los representantes de la soberanía nacional, quienes podían igualmente haber optado por la fórmula de la consulta escrita en lugar de la comparecencia física, se ha acogido a su derecho inapelable a no recoger el guante lanzado. Un capítulo más del polarizado juego de pesas y balanzas constitucionales que vivimos.

Avanza la emancipación

Dos iniciativas cargadas de significado en la legislación específica para la mujer -el nuevo Observatorio de la Violencia y el anteproyecto de la futura Ley de Igualdad- coinciden con la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora que se celebra hoy. No se puede ignorar que en el proceso de emancipación femenina durante los últimos veinte años se ha producido un avance muy considerable.

La equiparación de géneros es un proceso cultural que se aprecia, o se sufre, especialmente en el trabajo. Son incontestables los datos de mayoría masculina en cuanto a empleo, contratos indefinidos o número de asalariados en el sector privado; siendo superados por el otro sexo solo en cifras de paro. En este proceso de equiparación permanecen otras desigualdades, como las de renta salarial, que no obedecen a una discriminación en su literalidad. En términos generales, las mujeres obtienen menos ingresos que los hombres, una diferencia del 44% en asalariados y del 66% en trabajadores por cuenta propia. En otros ámbitos, como la capacitación o el poder de decisión, también ha sido notoria la incorporación de las mujeres, mayoría ya entre los estudiantes de Bachillerato, Universidad y doctorados. También es visible su presencia en instituciones políticas, ocupando más de la tercera parte de los cargos electos. Pero, aún así, es todavía muy importante lo que queda por hacer en todo lo relativo a cambio de hábitos culturales o apoyos a la conciliación de la vida familiar y laboral, para la mujer y también para el hombre. Hacia esa meta, cuyos efectos serán revolucionarios comparados con la sociedad de hace solo cincuenta años, hay que dirigirse en un proceso de evolución gradual y, sobre todo, de firme compromiso colectivo.