MIENTRAS el PP y el PSOE descongelan la negociación sobre el Estatuto de Autonomía, la Unión del Pueblo Leonés acaba de iniciar una campaña de recogida de firmas solicitando la convocatoria de un referéndum consultivo sobre la permanencia o no de León dentro de esta comunidad autónoma. «Con el mismo derecho que el PP pide que todos los españoles seamos consultados sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, los leoneses queremos ser consultados sobre el Estatuto de Castilla y León», argumentan, con elemental lógica, los leonesistas.

Esta iniciativa de la UPL es todo menos novedosa, ya que se trata de una reivindicación tan antigua como esa propia formación política. Pero el hecho de que haya sido relanzada al rebufo de la campaña de recogida de firmas contra el Estatuto catalán, ha sentado especialmente mal a un PP nada dispuesto a probar de su propia medicina. Así se desprende de la irritación mostrada por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quién, en respuesta a un pregunta parlamentaria sobre el particular, se despachó atribuyendo «actitudes cavernarias» al procurador y secretario general de la UPL, Joaquín Otero.

En un momento en que el leonesismo está mas débil que nunca, fraccionado en dos partidos (la UPL y el nuevo invento montado por el trásfuga Rodríguez de Francisco) sorprende la destemplada reacción del presidente Herrera sobre una amenaza -la segregación de León- que hoy por hoy tiene más de fantasma que nunca. Puede que el leonesista Otero pagara en ese momento los platos rotos de otras preocupaciones presidenciales adyacentes y subyacentes. Como el riesgo de que el germen 'segregacionista' brote en otras provincias -y particularmente en la suya de Burgos- y el hecho mismo de que se agiten las procelosas aguas de la política leonesa, donde el PP se ha convertido en un particular avispero en el que solo faltaba la 'ocurrente' campaña de sus jóvenes cachorros estigmatizando a los diputados, senadores y procuradores socialistas tal que los nazis a los judíos.

Iniciada ya abiertamente la marcha atrás hacia las elecciones del 2007, León constituye la madre las muchas batallas municipales a librar en esta comunidad. Por muchas y obvias razones que a nadie se le escapan, la primera de ellas que Zapatero va a echar el resto por recuperar la alcaldía que perdió su amigo Paco 'Raquetas' Martínez tras la infausta moción de censura perpetrada por los populares en comandita con el trásfuga De Francisco.

El PP afronta la batalla leonesa en las peores condiciones posibles. Con un alcalde, Mario Amilibia, amortizado y repudiado por la presidenta provincial, Isabel Carrasco, y con un Gobierno municipal lastrado por ese pacto con la facción leonesista mas desprestigiada y, sobre todo, por el descarnado cainismo desatado en el seno del partido. Un cisma interno consumado con anterioridad en El Bierzo, donde hace tiempo se da por descontado que los 'críticos', encabezados por el ex diputado nacional Ángel Escuredo y la depuesta presidenta del PP berciano y procuradora, Fátima López Placer, acabarán constituyendo un nuevo partido de ámbito comarcal.

Y por si fuera poco, un conato de fuego surgido en Astorga ha adquirido proporciones de incendio de notables consecuencias tras la gasolina empleada para sofocarlo por la mencionada Carrasco. Producto de todo lo cual el PP corre el riesgo no solo de perder el Ayuntamiento de León, sino además la Diputación Provincial, que de hecho preside ya con cierta precariedad precisamente quién se perfila como candidato a la Alcaldía de la capital, Javier García Prieto.

En este panorama se sitúan las elecciones en Caja España, ese oscuro objeto de deseo que ha enfrentado siempre a las principales fuerzas políticas de la comunidad. Con el PSOE rendido al consenso, la designación del candidato a presidir la entidad enfrenta internamente al PP tanto en León como en Valladolid. En ambas provincias hay partidarios de apoyar la continuidad del actual presidente, Victorino González, que se ha mostrado capaz de dar estabilidad a la primera caja de la comunidad, y quienes no están dispuestos a perdonarle su pecado original de haber llegado en su día a la presidencia a través del pacto PSOE-UPL-UGT que dejó al PP en la estacada. Y como telón de fondo, el conocido pulso entre el Vicepresidente económico de la Junta, Tomás Villanueva, y la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a propósito del control de las Cajas.

Pero los quebraderos de cabeza del PP ante las próximas municipales no se terminan ni mucho menos en León. Del resto de las capitales de provincia, únicamente en Salamanca y en Ávila tienen los populares por seguras las alcaldías. La de Palencia se da definitivamente por perdida, mucho mas después del espaldarazo a Heliodoro Gallego con la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias, y en las demás se presume una dura batalla y no siempre con los socialistas como únicos adversarios.

Especial inquietud causa en el minarete regional del PP la actividad que viene desplegando el ex alcalde de Burgos, José María Peña, quién, lejos de haber arrojado la toalla, además de presentarse de nuevo a la Alcaldía, trata de promover candidaturas del mismo corte (derecha insatisfecha por el PP) en otras provincias. El victimismo ante el 'centralismo vallisoletano' parece ser el caldo de cultivo aglutinador de esta operación, que ya tiene mérito que parta de Burgos, provincia especialmente cuidada desde que Herrera preside la Junta. Como bien se ha visto con ocasión del concurso para la adjudicación del nuevo hospital, un astronómico contrato concedido in extremis a la oferta 'mas burgalesa' (?) en detrimento de otra menos onerosa para las arcas regionales.