DESPUÉS de años de crecimiento acelerado y un proceso de industrialización vertiginoso, el Gobierno de China acaba de anunciar su intención de echar progresivamente el freno para ordenar el desarrollo e intentar que los ochocientos millones de personas que viven en zonas rurales puedan tener una oportunidad de beneficiarse del salto económico del gran país asiático; o al menos ese ha sido el anuncio realizado por el primer ministro chino, Wen Jiabao, en la inauguración del Congreso Nacional del Pueblo.

Pocas dudas caben de que la apuesta por la industria ha dejado a la mayoría de la población de China fuera del crecimiento económico, sometiendo a un galopante empobrecimiento a las zonas rurales y obligando a muchos campesinos a emigrar a las urbes. Ya el equipo del antiguo primer ministro reformista, Zhu Rongji, diagnosticó el mal y pidió al Partido Comunista, la espina dorsal del régimen, que reordenara las prioridades del crecimiento económico, aún a riesgo de contenerlo un poco, y se esforzara en mantener equilibrios sociales básicos para la estabilidad del conjunto, incluyendo la creación de un embrionario sistema hospitalario. Ahora, y aunque el primer ministro, Wen Jiabao, pareció sincero y un punto autocrítico, hay indicios de que el énfasis en la nueva gestión obedece a un creciente malestar social entre los campesinos que se ha materializado en incidentes de orden público con las autoridades provinciales, del mismo modo que las constantes tragedias en las minas de carbón -explotadas día y noche- han provocado airadas manifestaciones. El proceso de urbanización y el inherente éxodo del campo a la ciudad también fueron en su día la característica y la clave del desarrollo en Europa, fenómeno que por otra parte aún prosigue, aunque muy atenuado y con los Gobiernos occidentales ofreciendo incentivos para mantener la vida rural activa y rentable.

En el caso de China, se han trasladado a las dinámicas ciudades industriales y comerciales unos 350 millones de personas en los últimos veinte años y el cambio sigue y se acelera. Ante esta realidad, las autoridades de Pekín se han mostrado decididas a recortar el crecimiento económico a niveles del 7,5% para enfriar la economía, al tiempo que se dedican recursos a la industrialización del campo, la sanidad y la educación. El objetivo es cerrar en lo posible la inmensa brecha que se está generando entre ricos y pobres, y entre el Este y el Oeste, antes de que esta se convierta en el germen de futuros e imprevisibles conflictos. La tarea autoimpuesta por los gobernantes chinos es hercúlea. Pero es una asignatura que China ya no puede dejar más tiempo pendiente; no si quiere seguir manteniendo un rumbo mínimamente sostenible.

Tortura en Irak

El informe de Amnistía Internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Irak llega en un momento delicado para el proceso institucional. Con el Parlamento incapaz de constituir formalmente un Gobierno, casi tres meses después de las elecciones, y los cadáveres de más de medio millar de muertos tras la ola de revancha étnica que siguió al atentado de Samarra, el documento hecho público por la organización internacional pone el dedo sobre la llaga más abierta, y más peligrosa, para la estabilización iraquí. El detallado relato de los abusos que se describen en las páginas del informe 'Más allá de Abú Graib: reclusión y tortura en Irak' es sencillamente estremecedor y demoledor, y si bien Amnistía Internacional pone de manifiesto que las tropas de Reino Unido y EE. UU. no son ya responsables directos de torturas y malos tratos, asegura también que son conscientes de que las fuerzas de seguridad iraquíes aplican métodos que atentan contra la dignidad humana y el derecho.

Cuando se conocieron los hechos de Abu Graib, la opinión pública reaccionó con indignación ante unos procedimientos injustificables en unas fuerzas que decían pelear por llevar la democracia a Irak. Ahora, el informe pone ante los ojos de la comunidad internacional una situación que no debe prolongarse ni un minuto más: 14.000 personas -algunas desde hace dos años- permanecen detenidas sin cargos ni juicios, y en numerosos casos sometidas a malos tratos y torturas o procesos arbitrarios. No es cuestión ya de matizar que no son británicos ni norteamericanos los que torturan, sino de garantizar que la estabilización en Irak no termine derivando en una traumática revancha entre etnias y clanes.