Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado 36 nombramientos de la Consejería de Cultura y Turismo. El alto tribunal regional ha revocado concretamente 20 cargos de libre designación y 16 elegidos por concurso específico. Estima así la sala de forma parcial el recurso presentado por el sindicato CSI-CSIF, contra la relación de puestos de trabajo recogida en el Decreto 152/2003 del 26 de diciembre, que reclamaba la suspensión de 36 libres nombramientos y otros 20 por concurso.

Esta es la décimosegunda sentencia en la que el TSJ anula nombramientos de la Junta. Suman así 378 los puestos revocados de nueve consejerías diferentes de la Administración regional desde el año 2002 hasta la actualidad.

Recurso

Este nuevo fallo judicial que, según fuentes de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial será recurrido, afecta a 20 nombramientos de libre designación: siete de jefe de servicio, nueve de técnicos y técnicos superiores, uno de director, al del letrado jefe y a dos de intervención, la general y la de delegado. Asimismo, invalida 16 cargos obtenidos por concurso específico: Cuatro jefes de sección, tres de Negociado, dos de técnico superior y siete de profesor.

Esta es la primera sentencia de las dictadas por el TSJ desde hace cuatro años por estas cuestiones que anula los nombramientos de letrado jefe y de interventor. En cuanto al primero, estima la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que «su contenido funcional es netamente jurídico y, desde esta perspectiva, lo decisivo es que el desempeño de sus funciones esté presidido por la independencia y la imparcialidad. Estas notas son opuestas al sistema de libre designación y concilian más con un concurso». Asimismo, estima que la responsabilidad del letrado no afecta a las tareas de dirección.

En cuanto a los cargos de interventor, el tribunal concede más peso en la justificación de su sentencia al papel de control interno «de la gestión económico-financiera del sector público autonómico con plena autonomía respecto a autoridades, órganos y entidades cuya gestión control» que recoge la Ley de Hacienda de Castilla y León que al Decreto 208/1993 que admite para este cargo la libre designación. El TSJ considera esta norma de rango insuficiente y da pleno valor al papel fiscalizador del gasto, un rol «eminentemente técnico» y rechaza que haya base alguna para motivar especial responsabilidad.

Este tipo de cargos están nombrados habitualmente, en el resto de consejerías, por libre designación por lo que esta decisión judicial supone dar un gran peso a la independencia de un informe jurídico o de un control financiero de la propia Administración. Algo que no solamente afecta al funcionariado sino a cualquier particular que tenga un litigio contencioso-administrativo con la Junta

Voto particular

La sentencia del TSJ, notificada ayer, recoge además un voto particular emitido por el magistrado Ezequías Rivera Temprano que hasta hace dos años fuera presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ. Este juez manifiesta su discrepancia con la nulidad dado que, a su entender, «debió hacerse extensiva a todos los puestos de trabajo de jefes de servicio, técnicos superiores y técnicos» que recoge la demanda porque en ningún caso pueden ser de libre designación.