Los conductores de autobuses urbanos de Palencia acudirán a la huelga como medida de presión si la empresa Upalsa, concesionaria del servicio de transporte público en la capital, no atiende en la reunión de este miércoles sus reivindicaciones laborales y muestra su negativa a negociar un convenio colectivo que les permita ver equiparada su condición salarial a la de otros empleados de empresas que prestan servicios al Ayuntamiento. Pero antes de emprender movilizaciones en caso de proseguir el desacuerdo, los trabajadores acudirían al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) como mediador entre sus pretensiones y las de la empresa, según confirmaron ayer representantes sindicales de Upalsa.

Si las discrepancias entre los empleados y la empresa siguiesen tras el encuentro en el Serla -el organismo dispone de 72 horas para convocar la reunión una vez se lo comuniquen-, entonces se llevaría a cabo el paro, que podría comenzar una vez transcurridos diez días.

Upalsa ha propuesto a los trabajadores cinco años de congelación salarial, una petición que en ningún caso aceptará la plantilla, igual que otras medidas por las que aboga la empresa, como bajar del 100% al 75% la prestación que cobran los trabajadores a partir del quinto día en caso de incapacidad temporal o suprimir la compensación económica que perciben los empleados en caso de tener que ir a trabajar en un día de descanso.

Los trabajadores, que achacan las peticiones de la empresa al hecho de no lograr beneficios en estos primeros años de concesión -es adjudicataria del servicio de transporte público por un periodo de diez años, desde febrero del 2003- debido a las amortizaciones de vehículos, creen suficientes los casi cinco meses transcurridos desde el inicio de la negociación para que se hubiesen producido avances significativos «que permitiesen al menos mantener un calendario de trabajo esperanzador para alcanzar un acuerdo satisfactorio», según se recoge en un comunicado de CC.OO, en el que se denuncia también las irregularidades en las nóminas por las cantidades pendientes de percibir el pasado año e incrementos «injustificados» en retenciones.