EL Partido Popular ha salido reforzado de la Convención, que se ha desarrollado conforme a un guión diseñado para lograr todos los objetivos políticos y propagandísticos. El encuentro, que se había planteado como un espectáculo masivo, no era el foro apropiado para una rectificación del rumbo, como presumían algunos observadores. Más bien tenía que ser una reafirmación del liderazgo de Rajoy y de las propuestas ya emitidas. La Convención ha tenido lugar a pocos días del segundo aniversario del 11-M y a poco más de un año del comienzo de la secuencia electoral decisiva que, partiendo de las próximas elecciones municipales, desembocará en las legislativas del 2008. Y, pese a la retórica y a lo sofisticado de la escenificación, el PP se ha mostrado tal como es: con la sola excepción premeditada del discurso reflexivo y moderado de Ruiz-Gallardón, todo el desarrollo posterior ha sido una glosa a la intervención de Aznar, el líder que llevó a los suyos al poder y que, por ello mismo, posee el ascendiente necesario para marcar la impronta de la organización.

Rajoy ha reafirmado las posiciones sumamente críticas con el Gobierno. Cierto que ofreció «sinceramente» diálogo en los dos asuntos que hoy centran la principal polémica, la política antiterrorista y el Estatuto de Cataluña, pero solo si primero rectifican, lo que constituye una forma de poner un alto precio. Por lo demás, apenas cabe registrar algunas novedades programáticas en esta especie de pistoletazo de salida para una campaña electoral permanente que ya nos acompañará hasta el final de la legislatura. Si acaso, el presagio de que está a punto de comenzar el debate sobre la política económica: el PP ya ha lanzado las primeras críticas contra el quehacer del Gobierno en esta materia y a formular sus primeras propuestas de política fiscal.

El PP ha subrayado con el alarde espectacular de la Convención todas las líneas de futuro que ya tenía establecidas, sin variaciones apreciables. Cualquiera que sea la opinión que merezca esta persistencia, resulta tranquilizador comprobar que se ha rehecho pronto del trauma de la derrota y está hoy en condiciones de disputar la mayoría al adversario que lo derrotó.

Ahorrar energía

En la inauguración de la Jornada sobre Eficiencia Energética, organizada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, el ministro de Industria, José Montilla, anunció su intención de poner en marcha un plan de subvenciones a la compra -por las familias- de nuevos electrodomésticos con la condición de que sean más eficientes en el uso de energía. Este Plan Renove subvencionará con al menos cincuenta euros cada nuevo aparato de bajo consumo comprado. Y es que el gasto energético de los hogares españoles, cuyo consumo en bienes duraderos se duplica cada diez años, crece imparable mientras que nuestra dependencia energética -sobre el 80%- es la más alta de la UE. En términos económicos, la energía es un bien de lujo, es decir, su demanda sube en mayor proporción que los incrementos de la renta. Así, esta lo hizo el 3,5% en el pasado año, mientras que la demanda de energía eléctrica aumentó en más del 4%.

Ahora bien, cabe preguntarse si esta bienintencionada medida es la mejor solución, o si un sistema de incentivos a través de los precios fuese, quizá, más sugerente para los consumidores. En la decisión de compra de un electrodoméstico, el criterio del ahorro de energía solo será importante si el precio de este refleja su auténtica escasez. De la misma manera que los compradores de automóviles valoran el gasto futuro en combustible, los consumidores sabrían muy bien cómo elegir aparatos eficientes, por lo que Industria podría facilitar el funcionamiento del mercado con otras medidas que no implicasen emplear el dinero de los contribuyentes. Como hacer una política más favorable a que se tiendan nuevas conexiones de la red eléctrica a través de los Pirineos, reabrir el debate de la energía nuclear o, simplemente, abstenerse de intervenir en las fusiones de empresas. Conceder a los usuarios un subsidio implica, además, un incremento de gasto público. En definitiva, antes de recurrir a las arcas del Estado, el Gobierno debería intentar dejar a los compradores tomar sus propias decisiones en un mercado de energía realmente liberalizado y transparente.