LA decisión de los Príncipes de Asturias de congelar células madre procedentes del cordón umbilical de la infanta Leonor, para su conservación en un banco de células de carácter privado en Estados Unidos, ha provocado una carrera de gobiernos autonómicos para autorizar la instalación en España de instituciones similares, ha despertado un interés ciudadano ante lo que se contempla con una garantía futura de salud y ha abierto, en definitiva, el debate sobre el modelo de gestión española en la crioconservación y el destino de los cordones umbilicales de los recién nacidos.

El almacenamiento de células madre adultas en cultivos obtenidos a partir de la sangre del cordón umbilical es una moderna técnica que ofrece la biomedicina sin transgredir principios éticos, ni siquiera los de quienes rechazan la obtención de células madre de embriones o algunos procedimientos de la reproducción asistida. Se trata de una vía para posibles aplicaciones terapéuticas que, aun estando en fase de investigación y desarrollo y pendiente de conclusiones definitivas, representan pasos esperanzados para la curación de graves enfermedades. Es por ello que las autoridades sanitarias y expertos responsables en medicina regenerativa deberían reconducir el modo de presentar públicamente este asunto e introducirlo en los cauces de una información suficiente. A no pocos matrimonios se les pueden plantear expectativas sobre las virtudes curativas de la sangre de los cordones umbilicales de su recién nacido, con la duda añadida de la factura correspondiente para que una compañía guarde esa información genética a miles de kilómetros.

La cuestión no es si la regulación legal de estas actividades las enmarca en el ámbito privado o en el público: el prestigio de la Organización Nacional de Transplantes avala la idoneidad del sistema público en materia tan compleja, lo que tampoco descarta, como recomienda la UE, una actuación concertada con la iniciativa privada. Lo primordial ahora es que los ciudadanos dispongan de una información solvente sobre la oferta real de esta técnica de medicina regenerativa y que el sistema sanitario avance de forma paralela a sus eficacias terapéuticas.

Moderar la euforia

El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, acaba de hacer público que el Estado ha gastado 10.000 millones de euros menos de lo que ingresó el año pasado. Lo que equivale a un poco más del 1% del PIB y se explica porque las cuentas del propio Estado y de la Seguridad Social han arrojado resultados positivos que compensan los negativos de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Es la primera vez en todo el periodo democrático español que el Estado genera un superávit en sus cuentas. El buen rendimiento de la economía y de la máquina recaudatoria estatal han generado un incremento de los ingresos del 14% con respecto al año anterior, y la creciente participación laboral ha hecho el resto.

Sin embargo, sería imprudente considerar que nuestras cuentas públicas están saneadas. El 'saneamiento' del que habla Pedro Solbes ha de ser reexaminado a la luz del balance final del gasto público. El superávit de las administraciones se ha conseguido merced a la buena marcha de la economía y pese a un incremento sin precedentes del gasto público, no por una reducción de la carga impositiva acompañada por una rebaja aún mayor en el gasto, que sí sería el 'binomio mágico' de una gestión impecable. De hecho, los pagos del Estado han crecido durante el pasado año más del 10% con respecto a el 2004, y aunque las cuentas estén en equilibrio, estas cifras deberían servir de aviso ante los riesgos de una falta de contención. El gasto público español esconde, además, una tendencia peligrosa hacia la irresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

Con una economía en expansión que crece muy por encima de la media europea, el gasto público debería contrapesar, en vez de acelerador, y si se cree en la idea de que es posible conseguir la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, el superávit en un momento de expansión como Este debería ser mayor. En caso contrario, cuando el ciclo se invierta y las políticas keynesianas del Gobierno le asignen el papel de motor activo para salir de la crisis, la capacidad de respuesta pública de nuestra economía se verá condicionada y muy limitada.